El ICO, nuevo 'caballero blanco' de la economía española
En tiempos de crisis los gobiernos suelen destapar el tarro de las esencias para soluciones milagrosas. Es lo que le está ocurriendo al vicepresidente Pedro Solbes con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Sin la posibilidad de recurrir a la devaluación de la moneda como hizo con la peseta el último gobierno de Felipe González, ni a la bajada sistemática de tipos de interés (ahora es competencia del BCE) ni a incrementos desmesurados de gasto público (la Ley de Estabilidad Presupuestaria fija un techo anual para el Estado), el recurso al crédito oficial se vislumbra como el principal instrumento para insuflar confianza financiera en empresarios y familias, con unos mercados, además, perturbados por la fuerte restricción de liquidez a nivel internacional.
37 años de historia
Tiene abiertas 17 líneas de financiación por 11.000 millones y otra de avales por 5.000 millones
Fundado en 1971 como entidad responsable de coordinar y controlar los bancos públicos, el ICO ha ido transformando su papel en el tiempo, primero como sociedad estatal para asumir la titularidad del capital de estos bancos, después en 1991 con la gran reforma de la banca pública, pasa asumir exclusivamente un papel como banca de inversión y agencia financiera del Estado, adscrito al Ministerio de Economía.
En los últimos años, el ICO se ha centrado en la mejora de las condiciones de las pymes con una línea especial que les recorta el interés de lo prestado por los bancos privados.
Ahora, en 2008 y en tiempos de crisis, la actividad de la institución que preside Aurelio Martínez se ha multiplicado. Tiene abiertas 17 líneas 'de mediación' (financiación) que superan los 11.000 millones (ver gráfico) y en estudios otras tantas para sectores como el turismo.
Aunque la línea ICO-Pyme sigue siendo la estrella (dotada este año con 8.000 millones), el Instituto financia toda una serie de actividades, desde créditos a emprendedores hasta inversiones en tecnologías de la información, inserción laboral de jóvenes licenciados o, incluso, una línea para financiar el permiso de conducir a jóvenes entre 15 y 25 años. Este último programa facilita préstamos de entre 500 y 1.000 euros al 0% de interés y hasta 36 meses para la obtención del carné. Tiene en proyecto una línea de promoción de hipotecas inversas destinadas a medio millón de potenciales beneficiarios (personas mayores que viven solas, con baja renta y un piso en propiedad).
El ajuste inmobiliario y su extensión a otros sectores ha provocado que muchos agentes económicos (cámaras de Comercio, promotoras) e incluso partidos políticos (CiU) propongan al Gobierno que dote al ICO de más recursos con el fin de aumentar la liquidez de las empresas, ayudarles a afrontar la crisis económica y evitar más casos como la suspensión de pagos de Martinsa Fadesa. De hecho, el ICO ya cuenta con una línea de ayuda a industriales del textil, calzado, muebles, juguetes y madera.
Sin embargo, fuentes del Instituto recalcan a CincoDías que el organismo 'no está para conceder préstamos directos a empresas en crisis' y que los programas abiertos como el referente al textil financian la 'mejora de la competitividad e innovación' de esas empresas, sin que puedan aplicarse a proyectos pasados (inversiones anteriores al 1 enero de 2008) o con cargo a pérdidas, lo que acarrearía, por otra parte, problemas con Bruselas al ser consideradas ayudas de Estado.
El 'juego' de los avales
Pese a todo, el Gobierno, presionado por el fuerte deterioro de la economía en los últimos meses, ha potenciado el rol del ICO. En este caso, no a través de sus líneas de financiación sino de su papel como avalista. De esta forma, surge la nueva línea de avales del ICO para titulización de vivienda protegida, dotada 5.000 millones, y que podría ser ampliada en próximos meses, en función de sus resultados. Aunque el Gobierno insiste en que en ningún caso supone crédito directo a inmobiliarias y que se realiza para potenciar la VPO, también es cierto que hay un 25% de esta línea disponible para titulización de vivienda libre, actividad en la que se han centrado las promotoras. Resquicios tiene el Gobierno siempre para intervenir. El problema está en si lo hace o no acertadamente.