Proyecto de ley

La UE se resiste a criminalizar la contratación de irregulares

El proyecto de ley comunitaria para castigar penalmente la contratación de inmigrantes irregulares provocó ayer una enorme fisura norte-sur en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE. La parte meridional defiende un endurecimiento del castigo frente a las reticencias del norte.

Las prisas de la Unión Europea por aprobar la directiva de repatriación de inmigrantes ilegales se convirtieron ayer en parsimonia cuando llegó el momento de negociar las normas para castigar a las empresas donde trabajan esas personas. 'Hay bastantes discrepancias en función de la situación geográfica de cada país', admitió al término del Consejo de Ministros de Justicia celebrado en Bruselas su presidente, el titular francés, Brice Hortefeux. 'En general, los países del sur son más favorables a la propuesta y los del norte, más reacios'.

Hortefeux calificó la directiva como 'el segundo capítulo' de la lucha contra la inmigración ilegal 'tras la directiva de retorno'. Pero enfatizó una y otra vez que este segunda entrega no es obra de la presidencia francesa 'sino de la Comisión Europea. 'Francia', insistió, 'se ha limitado a consultar con los otros Estados miembros para saber su opinión'.

La consulta demostró el escaso entusiasmo de los ministros por una directiva que pretende armonizar las sanciones penales, administrativas y financieras imponibles a las empresas y empresarios con emigrantes ilegales en sus plantillas. El proyecto también prevé la obligación de un número mínimo de inspecciones en las empresas para encontrar a los clandestinos.

'Algunos países han pedido flexibilidad', señaló el ministro Empleo e Inmigración, Celestino Corbacho, quien encabeza la delegación española en Bruselas. Para el ministro español, 'cuando hay un irregular está trabajando en un país es que alguien se está aprovechando de su situación. Así que el peso de la ley debe caer sobre el que se aprovecha, no sobre su víctima'.

A pesar de esas declaraciones, Corbacho reconoció que en España los castigos son administrativos y sólo se considera delito la contratación de ilegales cuando concurren ciertas circunstancias agravantes. Y defendió la directiva recién aprobada que permite detener hasta 18 meses a un emigrante sin papeles porque, a su juicio, 'Europa tiene que legislar en las dos direcciones'.

En la dirección de la emigración irregular, los ministros acercaron ayer posiciones para crear una tarjeta azul destinada a facilitar la importación de mano de obra altamente cualificada. Sigue habiendo diferencias sobre los criterios salariales y laborales que deberán cumplir los aspirantes. La patronal europea BusinessEurope, teme que las exigencias sean demasiado elevadas, lo cual reduciría la utilidad del proyecto.

Silencio sobre el censo gitano

Los mismos ministros de Justicia e Interior de la UE que durante meses sonrojaron al representante español por la regularización de 700.000 trabajadores inmigrantes guardaron ayer un silencio cómplice con la decisión de su colega italiano de elaborar un fichero con las huellas dactilares de los niños gitanos. Antes del Consejo, celebrado ayer en Bruselas, Amnistía Internacional exigió a los ministros que condenasen 'la discriminación contra el pueblo gitano en Italia'. Su petición cayó en saco roto.

Jacques Barrot, comisario europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, atribuyó el mutismo de la UE a que 'estamos esperando un informe del gobierno italiano sobre la nueva legislación y el método y aplicación de los controles'. El ministro francés y presidente semestral del Consejo, Brice Hortefeux, fue más lejos y recordó que el Gobierno de Silvio Berlusconi 'ya ha explicado que el objetivo del censo es mejorar la escolarización de esos niños'.