Las regiones rechazan la propuesta de financiación autonómica de Solbes
Sentados alrededor de una inmensa mesa, los consejeros de Economía de las comunidades autónomas mostraron ayer su rechazo a la propuesta de reforma de la financiación que el Gobierno presentó la semana pasada. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, aseguró que no habrá ningún otro documento antes del 9 de agosto, fecha límite que establece el Estatuto catalán para alcanzar un acuerdo con la Generalitat.
Nadie dijo que esto iba a ser fácil. El Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer sirvió para constatar las significativas diferencias que existen entre las comunidades y el Gobierno acerca de la reforma de la financiación regional. A excepción de Andalucía, todas las comunidades, en mayor o menor grado, criticaron la propuesta del Gobierno que, entre otras medidas, prevé aumentar la cesión de impuestos estatales en un porcentaje similar al fijado en el Estatuto catalán y dotar a las comunidades de recursos adicionales. 'Esto es una tomadura de pelo', dijo al salir Antonio Beteta, consejero de Economía de Madrid (PP). Beteta reclamó que el Estado inyecte 6.000 millones al sistema financiero. 'Hemos venido a perder el tiempo', sostuvo su homólogo valenciano, Gerardo Camps, también del PP.
Las comunidades gobernadas con los socialistas se mostraron también disconformes con el borrador del Gobierno por su inconcreción, como Asturias o Galicia. El consejero de Hacienda extremeño, Ángel Franco, aseguró que ve 'el vaso medio vacío' y mostró su temor de que el Gobierno termine por aceptar la nivelación parcial -aplicar la solidaridad sólo a los servicios fundamentales- que propone Cataluña.
El consejero de Economía catalán, Antoni Castells, que fue el primero en tomar la palabra, reiteró que la propuesta del Gobierno era vaga y que no cumplía con el texto del Estatuto catalán, que tiene rango de ley orgánica. Solbes, por su parte, aseguró que no habrá un nuevo documento de financiación antes del 9 de agosto, fecha límite que establece el Estatuto para alcanzar un acuerdo. Esta posición dificulta aún más el entendimiento entre el Gobierno y la Generalitat, que se reunirán el próximo lunes.
Madrid reclama que el Estado inyecte 6.000 millones de euros al sistema autonómico
Si bien no se establecieron frentes comunes entre las comunidades, el papel que debe jugar la población dividió en dos grupos a las comunidades. A un bando, se ubicaron aquellos territorios que más han visto crecer su población y que, por tanto, han sido perjudicados por el actual sistema de financiación que toma como base el censo de 1999. En ese lugar se encuentran, Madrid, Baleares, la Comunidad Valenciana, Cataluña o Andalucía. Por el otro, las comunidades menos pobladas y con más dispersión demográfica exigen que el nuevo modelo tenga en cuenta otras variables, no sólo la población, a la hora de repartir los recursos. Es un tema prioritario para Castilla y León, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura.
A pesar del rechazo unánime, Solbes aseguró que las comunidades socialistas, a excepción de Cataluña, han tenido una posición 'razonablemente abierta'. El Gobierno mantiene el objetivo de aprobar una nueva financiación este año y que entre en vigor a partir de enero de 2009. En septiembre, el Gobierno iniciará una ronda de contactos bilaterales para elaborar una propuestas más concreta.
Las autonomías podrán incurrir en déficit
El Gobierno reconoció ayer que el Consejo de Ministros aprobará antes de que termine el mes un nuevo cuadro macroeconómico que contemplará un crecimiento inferior al 2%. Según al Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuando el PIB crezca por debajo del 2%, las comunidades podrán hacer sus presupuestos con déficit sin necesidad de elaborar planes económico-financieros de reequilibrio. En concreto, la legislación permite incurrir en un déficit del 0,75% del PIB al que se añade un 0,25% adicional por inversiones productivas. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, señaló que si bien el déficit máximo es del 1%, el Gobierno aboga por la austeridad. Así, dejó entrever que el objetivo presupuestario para las autonomías no permitirá un déficit del 1%. En cualquier caso, en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, las comunidades aprobarán los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria que hasta ahora eran de equilibrio para los dos próximos años.'Esta flexibilidad no debe interpretarse como un abandono de las reglas de estabilidad presupuestaria, sino como una utilización responsable del déficit público en una situación que, por complicada, es excepcional', señaló el Gobierno.El cambio de previsiones económicas también afecta al saldo fiscal del Estado. El objetivo del Gobierno era que las cuentas del Estado central se mantuvieran en equilibrio para los dos próximos años y que, en 2011, regresarán al superávit. Sin embargo, hoy por hoy, esto parece difícil. Esta misma semana el Gobierno informó que la Administración central entró en déficit el primer semestre del año.