El Tribunal de la UE anula la ampliación de competencias de la CNE
Los jueces sí aceptan que el sector energético merece un trato especial
El exministro de Industria, José Montilla, acertó en el diagnóstico, pero se equivocó garrafalmente en la receta. Esa parece la conclusión de la sentencia dictada ayer por el Tribunal de Justicia de la UE sobre la ampliación de competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobada por el Gobierno a raíz de la opa de Eon sobre Endesa.
El veredicto declara ilegal la reforma por considerar que confiere a la CNE un poder desproporcionado y arbitrario para vetar inversiones en el mercado energético español. Pero los jueces comunitarios aceptan como válidas las razones invocadas por España para someter a una vigilancia especial al sector del gas y la electricidad.
'No se puede negar que el objetivo de garantizar la seguridad en el abastecimiento de energía (...) puede constituir una razón de seguridad pública y justificar, eventualmente, un obstáculo a la libre circulación de capitales', señala la sentencia en un párrafo cuya lectura, probablemente, deleite a Montilla y sus sucesores en el cargo, Joan Clos, y el actual ministro, Miguel Sebastián. Y los jueces añaden que 'a falta de una completa armonización comunitaria, corresponde a los Estados decidir en qué nivel pretenden asegurar la protección de los intereses legítimos mencionados'.
Ese reconocimiento de la casuística esgrimida por España parece haber dejado un sabor agridulce al comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, origen de la denuncia ante el Tribunal. El irlandés se limitó ayer a dar la bienvenida a la sentencia en un sucinto comunicado. Y su portavoz, esgrimiendo motivos de agenda, no salió a cantar victoria como suele hacer la Comisión cada vez que el Tribunal confirma sus tesis en casos tan polémicos como éste.
El equipo de McCreevy, además, señaló con cautela que 'da la impresión que el Gobierno español tendrá que cambiar la ley'. El alcance de ese cambio puede dar lugar a una larga negociación entre Madrid y Bruselas.
Cabe la posibilidad también de que el Gobierno aproveche esta tercera derrota judicial en la batalla sobre las opas de Endesa para dar carpetazo definitivo al expediente. Ante el mismo Tribunal se dirime un recurso del Gobierno contra la decisión de la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, que anuló las condiciones impuestas a la opa de Acciona y Enel sobre Endesa. El vicepresidente Pedro Solbes ya se ha mostrado proclive a dar el caso por perdido. El tiempo dirá si la sentencia de ayer inclina la balanza a favor de esa rendición o de seguir defendiendo unas tesis que el Tribunal parece dispuesto a sopesar.