Por su parte, un portavoz del Departamento de Economía no confirmó ni desmintió estas cifras, que todavía no habrían sido comunicadas a las empresas afectadas.
La actual legislación catalana prevé sanciones de hasta 30 millones de euros por este tipo de infracciones, que están tipificadas como muy graves, y contempla un plazo de quince días para que los sancionados recurran esta propuesta de multa.
