Innovación y crecimiento económico
Invertir en capital tecnológico no es una opción política para España, sino una obligación ineludible, asegura el autor, ya que incide directamente en el crecimiento. Pero para crecer, en su opinión, no basta con innovar, sino que se necesita un sistema jurídico ágil y eficaz que proteja a los investigadores
El Gobierno español puso en marcha a principios de año el Plan Nacional de I+D+i que prevé incrementos presupuestarios interanuales del 16% para el periodo 2008-2011. Este hecho, aparte de ser una buena noticia, constituye una decisión valiente porque la tentación de descuidar la inversión en capital tecnológico siempre es grande cuando la economía se adentra en una fase de estancamiento en la que van a menguar los ingresos del Gobierno y, al mismo tiempo, tendrá más gastos que atender.
Invertir en capital tecnológico no es una opción política para España sino una obligación ineludible. En ello nos jugamos el futuro porque aunque no sepamos a ciencia cierta por qué crece la economía, sí sabemos que el crecimiento viene impulsado principalmente por la innovación tecnológica y ésta, a su vez, se alimenta de ideas y de su aplicación sobre materias primas como son, por ejemplo, las instrucciones que contiene el software de un ordenador.
A diferencia del capital humano, el conocimiento permite ser acumulado y crecer sin límite a condición de que haya recompensas apropiadas al esfuerzo en invención
¿Qué hace de la inversión en I+D+i un factor de crecimiento? En primer lugar, los descubrimientos y las nuevas ideas pueden ser utilizados por muchas personas a la vez sin que por ello se agoten. En segundo lugar, y debido a que son bienes de naturaleza inmaterial, la acumulación de conocimientos no está sometida a las restricciones propias de los bienes físicos; a lo sumo, el conocimiento se encuentra físicamente en las sinapsis del sistema neuronal de nuestro cerebro. Por lo tanto, y a diferencia del capital humano, el conocimiento permite ser acumulado y crecer sin límite a condición de que haya recompensas apropiadas al esfuerzo en invención.
Sin embargo, para crecer no es suficiente con innovar, necesitamos además un sistema jurídico que permita a los innovadores e investigadores el control de sus innovaciones y restrinja parcialmente su uso mediante derechos de propiedad intelectual (copyright, patentes) que les confiera rentas de monopolio con carácter temporal. Pero, sobre todo, es necesario que esta protección no sea meramente formal; necesitamos un sistema judicial ágil y eficaz que cree realmente los incentivos necesarios para estimular el esfuerzo de innovadores e investigadores.
De ahí la importancia que tienen las políticas sobre la propiedad intelectual y sobre la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación, pues aumentan el capital tecnológico y nos permiten crecer más. ¿Cómo se encuentra España en este terreno? Se ha avanzado bastante, y el gasto en I+D+i respecto al PIB ha pasado del 0,9% en 2000 al 1,2% en 2007. Con todo, la brecha con nuestros vecinos más avanzados sigue siendo amplia. Tampoco a nivel mundial estamos bien situados, el Informe Cotec 2007 sobre países líderes en innovación coloca a España en el puesto trigésimo. Sin embargo, la dinámica reciente es prometedora e indica que la brecha se está cerrando y, en economía, más que la cifra aislada de un año interesa la dinámica de la variable analizada.
También en la Unión Europea las cosas están cambiando con rapidez en el ámbito de la investigación. La Comisión Europea publicó en 2007 el Libro Verde sobre el Espacio Europeo de Investigación que recoge las nuevas perspectivas para este sector. Por otro lado, el VII Programa Marco para la Investigación en la UE arrancó el año pasado con casi 70.000 millones de euros, cerca de la mitad del Presupuesto de la UE. España debe aprovechar esta financiación para innovar e impulsar la creación de empresas innovadoras y las sociedades de capital riesgo. También debería aumentar el tamaño de las empresas pequeñas y medianas mediante políticas de concentración empresarial, como ya ha hecho Alemania, y movilizar a todos los agentes implicados: banca, empresas, investigadores, agentes sociales y autoridades políticas.
Las debilidades del sistema español de innovación no sólo se encuentran en materia de producción científica y tecnológica, y en su financiación; también existen muchas trabas y obstáculos que suprimir en el terreno de la difusión de tecnología. Para ello, el Gobierno debe poner en práctica políticas que incentiven la movilidad de los científicos e investigadores y estimulen la formación profesional de los usuarios de las nuevas tecnologías. Todo esto es clave para el éxito de nuestra política tecnológica y para que el dinero público invertido lo sea de forma más eficiente posible.
El interés que ha puesto en estos asuntos el presidente del Gobierno, con la creación del Ministerio de Ciencia e Innovación, es bienvenido y nos alegra el ojo. Pero hay que permanecer atentos para que este impulso inicial se mantenga en el tiempo y, al final, no quede todo en agua de borrajas. De lo contrario, España va a sufrir mucho.
Manuel Sanchis i Marco. Profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia