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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Hacia unas reglas fiscales comunes

La transposición de la directiva sobre impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales, que prepara el Gobierno español, permitirá a las empresas un soporte legal para dejar de tributar por operaciones como fusiones y escisiones empresariales o el traslado de sedes a España desde otros países comunitarios. Es una novedad, en principio beneficiosa, para potenciar la actividad económica, pero se vislumbra insuficiente ante las posibilidades que ofrece la directiva europea.

España no ha hecho caso de las recomendaciones de Bruselas y sólo ha recogido en el anteproyecto de ley -la norma está en fase de borrador- los mínimos marcados para la Unión Europea. De esta forma, el impuesto que grava las operaciones societarias -hasta el 1%- seguirá vigente para un buen número de modalidades que grava este tributo como la ampliación de capital, e incluso la misma constitución de empresas, algo tan contrario a las tesis iniciales de la Comisión Europea como al impulso de los emprendedores.

Un vistazo a la legislación comunitaria sitúa a España en esta materia a la altura de Grecia, Chipre o Luxemburgo. Ninguno de los grandes Estados en los que se debe mirar la Hacienda española (Alemania, Italia, Francia o Reino Unido) grava ya este tipo de operaciones. Su poco explicable mantenimiento provocará, por ello, agravio y pérdida de eficiencia de las empresas españolas. Hacienda esgrime que no es aconsejable suprimir del todo el impuesto, ya que dañaría las cuentas de las comunidades autónomas porque el tributo está cedido. Un pobre argumento cuando lo que está en juego es la competitividad de las empresas, y más en un momento de parón de la economía.

La Comisión propuso ayer bajar los tipos de gravamen del IVA en buena parte de productos y servicios, incluida la construcción. La idea, que requiere luz verde del Consejo, puede dar margen a la política fiscal de los Estados, pero complica la intención también de la UE de fijar reglas de juego fiscales comunes. Una vez más gana la ambigüedad.

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