'Podemos incurrir en déficit en 2009 para cumplir con el gasto social'
Aterrizó en la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos en 2006 cuando la Administración nadaba en superávit, y ahora debe enfrentarse al deterioro acelerado de las cuentas públicas. Recalca que el Gobierno garantizará el gasto social, aunque ello pueda implicar entrar en déficit en 2009.
Carlos Ocaña (Madrid, 1959), identifica la crisis con una situación fuera de control. Algo que, asegura, no se produce en España. Desde su despacho en la calle Alcalá 9 de Madrid, Ocaña debe lidiar con unos ingresos públicos que mes a mes se deterioran, al tiempo que las comunidades autónomas y los municipios reclaman mayores transferencias del Estado.
PREGUNTA. ¿Cuáles son las previsiones de cierre de las cuentas del Estado para este año?
RESPUESTA. Nuestro objetivo, como ya hemos dicho, es cerrar en equilibrio y no podemos revisar las previsiones cada semana.
Pero la evolución de los ingresos tributarios se está deteriorando.
El IRPF funciona muy bien con incrementos de en torno al 10%. Esto son muy buenas noticias ya que implica que las rentas del trabajo y de capital siguen fuertes. En el lado opuesto, el IVA, lleva un semestre con un crecimiento muy negativo. Eso refleja un menor consumo, sobre todo vinculado al sector de la construcción. Esa era la tendencia a principios de año y se mantiene igual.
El primer dato significativo de ingresos en el impuesto de sociedades, que cayó un 19,7%en mayo, también muestra una tendencia negativa.
Aún no se puede hablar de tendencia. En el último dato se aprecia una bajada importante que refleja que las empresas han obtenido menos beneficios este año que el pasado.
El superávit actual de la Administración central asciende a 2.722 millones y la aplicación, en junio, de la mitad de la rebaja fiscal de 400 euros cuesta al Estado 3.000 millones. ¿Los datos de junio mostrarán ya déficit del Estado?
Históricamente, junio es un mes en el que no se producen ingresos significativos y el superávit suele bajar siempre. Sin embargo, el efecto de la rebaja fiscal se notará durante el mes de julio, que es cuando los empresarios ingresan las nóminas de junio.
Entonces, ¿es probable que en julio el Estado esté en déficit?
Es prematuro decir algo ahora en este sentido.
La rebaja fiscal de 400 euros tiene un coste anual de 6.000 millones de euros. ¿Es factible mantenerla durante toda la legislatura?
La medida se ha aprobado sin fecha de caducidad y su objetivo es contrarrestar la debilidad del consumo.
El Partido Popular insiste en que la situación actual requiere una bajada de impuestos?
El PP viene pidiendo una rebaja de impuestos desde hace tiempo y parece que sea su única solución contra el cambio de ciclo. Es la vieja receta del ex presidente de EE UU Ronald Reagan: bajemos impuestos y vamos a ver lo que pasa. Y lo que sucedería es que se deteriorarían las cuentas públicas y no seríamos capaces de mantener el ritmo en protección social e infraestructuras. Sería contraproducente bajar ahora los impuestos. Tampoco sería lógico subir ahora el impuesto sobre hidrocarburos.
Con unos ingresos a la baja, ¿el Gobierno está dispuesto a recurrir al déficit?
Nuestro objetivo para 2009 es mantener las cuentas en equilibrio. Dejaremos actuar a los estabilizadores automáticos y el Estado cumplirá con sus obligaciones. Si hay que pagar prestaciones por desempleo se pagarán. Y si todo esto nos llevara a tener un pequeño déficit, a mí no me parece mal. Podemos incurrir en déficit para cumplir con el gasto social en 2009. El superávit de los últimos años debe servir para momentos como éste. No me crearía ninguna dificultad en una situación mala y de manera puntual tener déficit.
¿Van a mantener el ritmo inversor en infraestructuras?
No podemos avanzar aún los datos, pero la idea es mantener el ritmo inversor. Y esto es importante ya que España es el país europeo que más invierte en infraestructuras.
¿Esto implica que la inversión en infraestructuras en 2009 crecerá a los mismos niveles que este año?
Lo que puedo decir es que el Presupuesto, que será austero, primará la inversión en infraestructuras. En otras palabras, que si hay que apretarse el cinturón, vamos a intentar hacerlo en otras actividades.
¿Estamos en crisis?
Hay un interés mediático para que algún miembro del Gobierno pronuncie la palabra crisis. El debate nominal es irrelevante. Crisis normalmente significa una situación fuera de control. Nosotros vivimos una mala situación económica, que seguirá algunos trimestres más, pero no está descontrolada.
El control aduanero centrará el plan antifraude
En Hacienda se trabaja en un borrador para actualizar el Plan de Prevención del Fraude Fiscal que entró en vigor en 2005. ?La principal novedad es que Hacienda intensificará los esfuerzos en el control aduanero, sobre todo, de productos procedentes de países de fuera de la UE?, explica Ocaña. Aunque matiza que ello no implicará que se controle el 100% de los productos que entran en España ya que ello paralizaría el comercio. La nueva estrategia supone un giro en la estrategia de Hacienda, que en los últimos años dedicó la mayoría de sus esfuerzos a controlar el sector inmobiliario. Sin embargo, Ocaña asegura que el nuevo plan o implica enterrar el anterior. ?En tres años, [de 2005 a 2007], la aplicación del plan contra el fraude ha permitido ingresar más de 19.000 millones de euros, una cantidad enorme de dinero?.Defiende que sin él, el Estado no hubiera obtenido superávit. Por ello, a pesar del nuevo plan contra el fraude, que se prevé llevarlo al Congreso en septiembre, Hacienda mantendrá los controles y protocolos actuales. Es decir, seguirán vigilando de cerca las operaciones comerciales en las que se utilizan un alto número de billetes de 500 euros y controlando los sectores profesionales y la fuga de dinero a paraísos fiscales. Sobre la posibilidad, en un momento de caída de ingresos tributarios, de aplicar una amnistía fiscal,Ocaña señala que el Gobierno ni se lo ha planteado. También rechaza que la supresión del impuesto de patrimonio implique perder un elemento de control contra el fraude fiscal.
FINANCIACIâN. "El término nivelación parcial no me gusta"
Ocaña asegura que existen más puntos de acuerdo que desavenencias en el debate sobre el sistema de financiación autonómica. Aunque reconoce que la propuesta catalana de limitar la solidaridad interterritorial (nivelación parcial) a los servicios básicos es la más conflictiva. ¿Ve factible alcanzar un acuerdo en financiación autonómica antes del 9 de agosto como establece el Estatuto catalán? La idea del Gobierno es cumplir los plazos. Si antes del 9 de agosto se está en disposición de alcanzar un acuerdo, nosotros estamos dispuestos.¿Cuál es su sensación tras reunirse ya con todas las comunidades autónomas? No he observado grandes diferencias de principio con ninguna comunidad autónoma. Hemos encontrado una docena de puntos en los que hay acuerdo y no identificamos desavenencias importantes.¿La mayoría de comunidades sigue mostrando su rechazo a la propuesta de nivelación parcial que realizó Cataluña? No voy a negar que ese es el punto más complicado de la reforma del sistema. A nosotros no nos gusta el término nivelación parcial y me niego a usarlo en la negociación. Yo veo una vía intermedia y razonable: asegurar que el sistema permite que todos los españoles tengan acceso a los servicios fundamentales.¿Se ha planteado la creación de un nuevo fondo de convergencia regional durante la negociación? Es una de las posibilidades. Pero los fondos siempre son herramientas, no fines en sí mismos. ¿La financiación de este fondo saldría de la Administración central? Si la pregunta es si va haber una aportación adicional de recursos del Estado, yo diría que no. Cataluña defiende que el fondo de suficiencia se limite a sanidad, educación y servicios sociales. Solbes incluyó la justicia. ¿Han llegado a un acuerdo sobre este tema? No estamos entrando a discutir servicio por servicio. El sistema que salga deberá asegurar que todos los ciudadanos tengan asegurados unos servicios básicos de calidad.