Bruselas permite que Andalucía subvencione hasta el 35% de gastos corrientes de las pymes
La Unión Europea acaba de respaldar el plan de la Junta de Andalucía de conceder subvenciones para los gastos corrientes de las pymes en sus primeros cinco años de vida, según anunció ayer el consejero de Innovación, Francisco Vallejo.
El Gobierno andaluz mantenía paralizada esta orden desde 2007 a la espera de recibir la autorización de Bruselas, que finalmente ha confirmado la legalidad de estas ayudas. Vallejo resaltó el 'carácter innovador' de estos incentivos, que se dirigen a empresas de base tecnológica o innovadoras que tengan menos de diez trabajadores y una facturación no superior a diez millones de euros. Estas pymes se podrán beneficiar de ayudas para gastos corrientes como el coste del personal, incluyendo la aportación a la Seguridad Social, alquiler de instalaciones, suministro o consultoría.
Las subvenciones, que entran en vigor de forma inmediata y son compatibles con las ayudas a la inversión de la Junta de Andalucía, cubrirán el 35% de los gastos durante los tres primeros años y el 25% durante los dos siguientes. El importe máximo total de estos incentivos será de 2 millones de euros por empresa.
Fondo europeo
Por otra parte, la Comisión Europea estudiará extender la aplicación del fondo europeo de ajuste a la globalización a casos no previstos hasta ahora para hacer frente con este instrumento al actual momento de crisis. Uno de los nuevos supuestos serán los despidos por situaciones relacionadas con cambios tecnológicos.
El primer estudio llevado a cabo por Bruselas desde que comenzó a aplicarse este fondo pone de relieve que pocos casos se beneficiaron en 2007 de esas ayudas, destinadas a facilitar la reinserción de los trabajadores que han sufrido reconversiones en su actividad.
El documento forma parte de un paquete de propuestas presentado ayer por el comisario europeo de Empleo, Vladimir Spidla, dentro de la 'nueva agenda social europea'. El estudio incide en que hacen falta normas más flexibles para facilitar el acceso a esas ayudas, como la simplificación de los procedimientos. También plantea la posibilidad de que cubra situaciones en despidos inferiores a 1.000 empleados.