La CNE estima 'insuficiente' la subida de la luz del 5,6% que quiere Industria
La Comisión Nacional de la Energía (CNE) consideró ayer, en una reunión extraordinaria de su consejo, que la subida media del 5,6% de las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio, propuesta por Industria, es 'insuficiente'. El organismo considera que este incremento 'no cubre los costes totales del sistema reconocidos aún cobrando un déficit ex ante de 4.800 millones'.
Para la CNE, el escenario de precios de la electricidad esbozado en el documento que elaboró el pasado mes de mayo 'sigue siendo la mejor estimación del precio final de la energía para el tercer trimestre'. La propuesta de la CNE supone un precio de 66,14 euros por MW y hora, lo que implica una 'subida media de las tarifas del 11,3% para asegurar que no se genere déficit adicional'.
La comisión apoyó la nueva modalidad introducida por Industria en este borrador de Orden Ministerial de tarifas llamada tarifa social pero insistió que su establecimiento debería depender 'de algún parámetro que fuera en función de la renta de los consumidores' en vez de la potencia contratada. De otro modo, según la CNE, 'las ayudas podrían destinarse a individuos que realmente no las necesitan'.
Respecto de las medidas sobre progresividad introducidas en la tarifa, la Comisión entiende que su objetivo es 'dar una señal positiva de ahorro energético a los consumidores' pero duda de que sea posible su aplicación en los términos incluidos en la Orden. El organismo cree que los umbrales de consumo a partir de los cuales se aplica esta progresividad 'no han sido motivados convenientemente'. Cree que las señales que proporcionen los precios a los clientes, en especial domésticos, deben reflejar los costes de suministro, entendidos de forma dinámica.
La CNE propone que otra forma de conseguir ahorro energético y eficiencia en el consumo a través de los precios sería a partir de 'opciones tarifarias bloque-horarias, como se aplica al resto de los consumidores'.
Tarifa social
La CNE insistió en la necesidad de vincular el establecimiento de la tarifa social a algún 'parámetro en función de la renta de los consumidores', no sólo respecto de la potencia que contraten o consuman, para asegurar que la ayuda llega a quien la necesita.