Ciudadano, accionista y consumidor con garantías
La democracia trajo consigo nuevos órganos que garantizaban a los españoles sus derechos y establecían unas reglas de juego limpias para el recién nacido 'Estado social y democrático de Derecho'. Fueron nuevas instituciones surgidas de la Constitución como el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o el Consejo Económico y Social (CES), y otras reformadas como el Tribunal de Cuentas.
'El Tribunal Constitucional ha sido una pieza clave porque se ha situado en el centro de todo el sistema para decidir sobre la constitucionalidad de las leyes, los conflictos de competencias en el Estado autonómico y los derechos individuales', explica Pedro Cruz Villalón, catedrático de Derecho Constitucional y ex presidente del Alto Tribunal. Un punto neurálgico de la democracia que no ha escapado de la politización y el bloqueo partidista en la renovación de sus miembros, como se vio la pasada legislatura. 'Sigue habiendo problemas con las formas', cree el ex magistrado.
De la batalla entre conservadores y progresistas tampoco se ha escapado el CGPJ, que se creó para obtener una mayor independencia del Ministerio de Justicia en el gobierno de los jueces. Pero la joven democracia se fue dotando de otros organismos para regular también la economía. El primero de ellos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en 1988. Su principal función es la de 'defender al accionista minoritario frente a los grandes fondos de inversión', asegura Rafael Pampillón, profesor del Instituto de Empresa. Después llegaron otros para los grandes sectores económicos liberalizados: 'Se trata de organismos reguladores que abren la competencia, favorecen la entrada de nuevos oferentes y son beneficiosos para el consumidor gracias a mejores precios', añade.
Modelo anglosajón
'Nos inspiramos en el modelo anglosajón', asegura el ex ministro Cristóbal Montoro (PP) para crear la Comisión Nacional de la Energía (CNE), en 1998, y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), en 1996, en dos grandes sectores desregularizados con históricas empresas públicas monopolísticas. 'La idea es garantizar la política de precios y las condiciones de la oferta', asegura Montoro, secretario de Estado de Economía en la época en la que se crearon estas instituciones.
Tampoco los reguladores han escapado de la batalla partidista. 'Su problema es la politización, se han convertido en la voz de su amo', asegura Montoro con la vista puesta en la crisis de la CNMV tras la opa sobre Endesa. 'Debería ser el Parlamento y no el Gobierno el que elija a una persona de reconocido prestigio como responsable', puntualiza Pampillón, afirmación que apoya Montoro: 'Deberían ser elegidos por tres quintos del Congreso'.
Los últimos organismos en crearse, en 2007, han sido la Comisión Nacional del Sector Postal y la Comisión Nacional de la Competencia, que sustituye al antiguo tribunal con las mismas atribuciones. Queda pendiente de nacer el Comité de Regulación Ferroviaria, previsto desde 2003.
Organismos. Bienvenido a la sopa de siglas
La necesidad de la Administración de dotarse de organismos autónomos o con cierta independencia ha ido aumentando según avanzaba el dinamismo de la economía. Como resultado: una sopa de siglas inundan a los ciudadanos. El primero en llegar fue el CDTI (1978) para ayudas tecnológicas. Le siguió el FROM, para la regulación de productos pesqueros, en 1980, y Sepes, de suelo público, en 1981. El Icex, de comercio exterior, en 1982. IDAE (eficiencia energética) en 1984, AECI (cooperación internacional) en 1988. Luego, los aeropuertos (AENA, 1990), y Loterías y Apuestas del Estado (LAE) en 1997. Los más jóvenes: Adif, que usurpó las infraestructuras a Renfe, en 2005, y Red.es (2000) para lanzar a España a la era digital.