El PP encaja las demandas de sus comunidades sobre agua y financiación
El PP está teniendo que hacer auténticos encajes de bolillos para conciliar las posiciones de las comunidades autónomas en las que gobierna en dos asuntos clave como la política hidrológica y la reforma del actual modelo de financiación regional, asuntos que serán debatidos este fin de semana durante el XVI Congreso que este partido celebra en Valencia. De este cónclave saldrá un documento de síntesis destinado a respetar 'todas las sensibilidades'.
Fuentes cercanas a la elaboración de la ponencia económica que será sometida a debate este fin de semana reconocen que las propuestas que defiende la comunidad valenciana con respecto a la política de gestión del agua difieren de las que presenta el PP aragonés, pero no hasta el punto de hacer imposible la conciliación de estas dos 'sensibilidades' en el congreso de este fin de semana. 'La confrontación de dos ideas sobre la gestión del agua, así como de las diferentes posturas existentes con respecto a la financiación autonómica demuestra que somos un partido de gobierno y que tenemos responsabilidades institucionales. La sangre no llegarará al río', resume esta fuente.
Los ponentes encargados de redactar la propuesta económica que será aprobada en el XVI Congreso trabajaban ayer a destajo para alcanzar un denominador común que evite la refriega en un momento en el que Mariano Rajoy aspira a ser proclamado presidente del partido con un mensaje de unidad y de integración. La redacción que se ha dado al primer borrador ya apunta el interés del Partido Popular en llegar a un punto de equilibrio para sortear enfrentamientos internos.
En el caso de la política del agua, el borrador de la ponencia que será trasladado al congreso califica de 'razonable' que los territorios de las cuencas hidrográficas tengan una preferencia para su uso de forma que se satisfagan 'previa y plenamente sus legítimas necesidades actuales y futuras', se preserve debidamente el medio ambiente hídrico en la cuenca y 'se garantice que en ningún caso otros usos externos puedan suponer un límite a su propio desarrollo'. Esta tesis se complementa con otra más favorable a la comunidad valenciana en la que se avala el empleo por parte de una cuenca 'de recursos sobrantes disponibles de otras', siempre 'de forma no prioritaria, subordinada a las necesidades de la cuenca de origen y cumpliendo obligatoriamente estrictos requisitos de orden técnico, jurídico-administrativo, ecológico y económico'.
Los trasvases, según la doctrina oficial trasladada por el PP a su congreso, 'son una oportunidad de progreso para todos, así como un instrumento eficaz para la mejora del medio ambiente hídrico y un elemento de seguridad frente a posibles efectos del cambio climático'. En esta línea de coherencia con la gestión desarrollada por el último Gobierno de José María Aznar, el primer partido de la oposición reivindica las ventajas del Plan Hidrológico que enterró el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Pacto estatal: Propuesta para una política hidrológica
¦bull; Planes de cuenca: El PP se muestra contrario a la actual tendencia a la territorialización de la gestión del agua y defiende la unidad de cuenca.¦bull; Solidaridad entre regiones: Al mismo tiempo, la ponencia congresual defiende el compromiso entre comunidades autónomas para conseguir que el agua 'sea de todos'.
La población, criterio prioritario
El PP también se ha visto obligado a hacer malabarismos para encajar los diferentes criterios que mantienen las comunidades donde gobierna a la hora de abordar la reforma pendiente del modelo de financiación autonómica.En este caso, la ponencia económica que debatirá el congreso de este fin de semana se refugia en generalidades y sus responsables se ocuparán de que no incorpore ninguna enmienda que ponga en peligro el objetivo de alcanzar una posición común cuando llegue el momento de sentarse frente al Ministerio que dirige Pedro Solbes.El PP defiende que el aumento de población debe primar sobre el resto de los indicadores a la hora de revisar el nuevo modelo, pues es el que ha introducido una mayor tensión presupuestaria autonómica frente a la estatal, debido al aumento de la demanda de servicios públicos como la sanidad y la educación. El PP advierte de que el nuevo sistema debe contar 'con la misma unanimidad que tuvo el actual en el momento de su aprobación'.