Operación policial

Detenidos el alcalde de Estepona y el presidente de la constructora Prasa

Una nueva operación Malaya contra la corrupción urbanística sacudió ayer la Costa del Sol. Más de 20 personas, entre ellas el alcalde socialista Antonio Barrientos, varios concejales y empresarios, fueron detenidas en Estepona dentro de un dispositivo que sigue abierto. Entre los empresarios destaca José Romero, presidente de Prasa, la segunda constructora andaluza.

La nueva operación policial contra las irregularidades urbanísticas en la Costa del Sol se llama Astapa y es una ramificación de las investigaciones del caso Malaya desarrollado en Marbella. Al cierre de esta edición, las detenciones se elevaban a 25 entre empresarios, concejales, ex concejales y técnicos del Ayuntamiento de Estepona, además del alcalde socialista Antonio Barrientos. Los detenidos estarían implicados en la financiación irregular del Ayuntamiento con el mismo esquema que el consistorio marbellí, aunque la Fiscalía Anticorrupción también ha librado órdenes de detención por cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Entre los empresarios que tenían previsto declarar ayer por la tarde en el marco de esta operación se encuentra José Romero, presidente del Grupo Prasa, segunda constructora de Andalucía con importantes intereses en la Costa del Sol y cerca de 800 millones en ventas. Según un comunicado de la empresa, 'Romero ha sido llamado a ampliar información sobre la actividad inmobiliaria de esta compañía a lo largo de los últimos años en el municipio de Estepona.'

Fuentes cercanas a la investigación han informado que entre los políticos detenidos hay tanto socialistas como del Partido Estepona (PES), creado por ex integrantes del Grupo Independiente Liberal (GIL) que fundara el fallecido ex alcalde de Marbella Jesús Gil. Así, en la nómina de arrestados figuran el concejal de Economía y Hacienda de Estepona y portavoz municipal del PSOE, Francisco Zamorano; el jefe de gabinete de la Alcaldía, José Flores, y el ingeniero de Urbanismo, el ex gilista Javier Wittmeur.

Estos arrestos se han producido a instancias del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona y de la Fiscalía Anticorrupción y los ha practicado la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Las detenciones, se han efectuado en Madrid, Córdoba, Bilbao y San Sebastián, además de en Estepona. Tras las mismas se han efectuado 38 registros domiciliarios, societarios y numerosas órdenes de prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles y de bloqueo de cuentas corrientes y activos financieros.

El Gobierno andaluz mostró ayer su colaboración y respeto a las acciones llevadas a cabo en el Ayuntamiento de Estepona y apostó por la 'tolerancia cero' y por medidas 'contundentes' en los casos de presunta corrupción. Por su parte, el PSOE andaluz ha abierto a Barrientos expediente de expulsión del partido.

Ocho primeros ediles más, ante los tribunales en sólo dos años

Marisol Yagüe (GIL). Ex alcaldesa de Marbella, detenida el 29 de marzo de 2006 en el caso Malaya. Fueron detenidas más de ochenta personas.

Francisco Valido (PP). Ex alcalde de Telde (Gran Canaria), detenido el 7 de noviembre de 2006 en el denominado caso Faycan.

Eugenio Hidalgo (PP). Ex alcalde del municipio mallorquín de Andratx (Mallorca), detenido el 27 de noviembre de 2006 en la operación Voramar.

Juan Martín Serón (PP). Alcalde de Alhaurín El Grande (Málaga), detenido el 18 de enero de 2007, está imputado en una supuesta trama urbanística.

J. Francisco González (PP). Alcalde de Mogán (Gran Canaria), detenido en la operación Góndola en enero de 2007.

José Martínez Andreo (PP). Alcalde de Totana (Murcia), detenido en noviembre de 2007 en el marco de la operación Totem.

Cándido Trabalón (PA). Alcalde de Zurgena (Almería), detenido en abril de 2008.

l Daniel García. Alcalde de Torre Pacheco (Murcia), detenido el 2 de abril de 2008.

Un nombre salpicado por la polémica

Antonio Barrientos dirige un Ayuntamiento salpicado por polémicas, muchas de ellas urbanísticas, y aunque llegó al cargo en un pacto contra el grupo que fundó Jesús Gil, acabó aliándose con sus ex integrantes. Actualmente, gobernaba junto a PA e IU.

Este médico alergólogo de 47 años, que ha pactado en su trayectoria con todos los partidos políticos para gobernar esta destacada ciudad de la Costa del Sol próxima a Marbella, ha mantenido polémicas con la dirección socialista por algunas decisiones que ha tenido que rectificar. Cuando saltó el caso Malaya en el Ayuntamiento marbellí, Barrientos llegó a comentar que 'unos cuantos han confundido lo público con lo privado para enriquecerse' y que 'si hay alguien que haya metido la mano en la caja, le caiga todo el peso de la ley' y lamentó que se 'criminalizara' el urbanismo. Uno de los quebraderos de cabeza que dio el alcalde a su partido se produjo en 2005, cuando fue instado a suspender la aprobación de trece convenios urbanísticos por valor de 24 millones dos días antes de la entrada en vigor de la nueva ley andaluza del suelo. Tres meses después tuvo que paralizar otro asunto el propio presidente Manuel Chaves, quien consideró fuera de la ley la recalificación de más de 600.000 metros cuadrados de un parque.