La UE espera aprobar hoy la directiva sobre expulsión de extranjeros irregulares
El Parlamento Europeo votará hoy la polémica directiva sobre expulsión de inmigrantes en situación irregular, un texto que permitirá la detención de esas personas durante un periodo de hasta 18 meses. La Comisión Europea y la presidencia semestral de la UE, que ocupa Eslovenia, confían en que el proyecto cuente con los votos necesarios para poner fin hoy mismo a su tramitación. Y a juzgar por el debate celebrado ayer sobre el texto en la Eurocámara sus deseos tienen visos de cumplirse.
El Partido Popular europeo apoyó con entusiasmo la iniciativa y el Liberal la aceptó como un mal menor. Entre los dos grupos suman los escaños necesarios para aprobar el texto pactado por los ministros de Justicia e Interior de la UE el pasado 5 de junio.
En contra se pronunciaron el Grupo Socialista, los Verdes e Izquierda Unitaria, que temen un grave retroceso en el respeto de los derechos humanos en Europa.
Los socialistas han presentado una batería de enmiendas y bastaría con que prosperara una para forzar una nueva ronda de negociaciones sobre el texto. El ministro de Interior esloveno, Draguin Mate, advirtió a la Eurocámara que en ese caso 'se podría retrasar tres años' la aprobación de la ley. El resultado de la votación dependerá de la fuga de votos que registre cada grupo, porque en todos conviven sensibilidades diferentes.
Más presión
Los socialistas españoles, por ejemplo, aunque defienden una reducción del periodo de retención y una revisión judicial del internamiento en 72 horas, pueden sentirse forzados por el Gobierno de Madrid a apoyar la directiva.
En las horas previas a la votación ha aumentado, además, la presión internacional para que los eurodiputados frenen el proyecto. El Consejo de la Abogacía europea se opuso ayer a que 'la privación de libertad pueda llegar a 18 meses' y recordó que incluso en casos de extradición la detención preventiva está limitada a 40 días de duración.
La Federación Internacional de Derechos Humanos aseguró que 'la directiva de la vergüenza', como esa organización la califica, 'vulnera principios básicos del Estado de derecho' y 'contraviene el Convenio europeo de derechos humanos'.