Fraude fiscal

Nuevas soluciones para detener las modernas vías de fraude

La globalización económica, la apertura de mercados y el avance tecnológico han sustentado el crecimiento económico de los últimos años. Sin embargo, ello también ha ampliado los mecanismos para sortear el fisco. Con un teléfono y una conexión a internet, cualquiera puede mover capitales hacia países opacos, que gozan de secreto bancario y nula tributación. El inspector de Hacienda Juan Manuel Vera Priego, que ha realizado un estudio de los nuevos fraudes para la Fundación Alternativas, próxima al PSOE, sostiene que los viejos mecanismos de fraude -doble contabilidad, ocultación de ingresos o simulación de gastos- están perdiendo peso ante nuevos y más complejos fraudes que se sirven de estructuras internacionalizadas y gozan de la colaboración de 'centros de planificación ilícita'.

Las nuevas formas de fraude no sólo son utilizadas por el típico evasor fiscal, sino que sirven a redes de crimen organizado que aprovechan el sistema financiero para blanquear dinero. Para hacer frente a la nueva situación, Vera reclama que Hacienda intensifique el control sobre 'esos despachos de abogados, asesorías financieras o entidades financieras' cuya función es dotar de los instrumentos necesarios para evadir impuestos sin dejar rastro.

Actualmente, estas organizaciones transgreden la ley cuando se demuestra que han ayudado a sus clientes a evadir impuestos. Este experto considera que la legislación debería tipificar y castigar la simple existencia de este tipo de negocio 'cuyo única razón de ser es la de comercializar productos para defraudar Hacienda, con independencia del resultado del fraude cometido por ellos'. Si bien se desconoce el volumen de dinero que escapa a través de estos centros de planificación ilícita, Vera sospecha que son evasiones a gran escala y con conexiones con otros países. En cualquier caso, son despachos y asesorías que operan en España y no necesariamente desde las Islas Man o desde cualquier otros paraíso fiscal.

Los expertos proponen aumentar las penas por delito tributario para que impliquen la entrada efectiva en prisión

Vera, así como el ex director del Instituto de Estudios Fiscales, Jesús Ruiz-Huerta, que estuvo en la presentación del estudio, defendieron que los resultados del Plan de Prevención del Fraude que entró en vigor en 2005 está dando buenos resultados, sobre todo, en el control sobre las tramas de IVA, que aprovechan la armonización del impuesto a nivel comunitario para defraudar a Hacienda. Y recordaron que de 2005 a 2007, el Estado ha recaudado en virtud de la aplicación del plan 19.400 millones de euros. Aun así, la proliferación de billetes de 500 euros en circulación -que es un indicador que sirve para medir el grado de fraude- en España ha sido exponencial. Vera aboga por un endurecimiento de la ley y criticó que la legislación actual no ejerce una función disuasoria. Así, propone extender el plazo de prescripción a diez años y un aumento de las penas, de tal manera que se traduzca en el ingreso en prisión para los delitos fiscales, 'equiparándolos al menos con la estafa'.

Convertir a los inspectores en policías

La idea de crear una policía fiscal adscrita a la Agencia Tributaria es tan vieja como la propia Agencia, creada a partir de una ley de 1991. El entonces secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, ya planteó la necesidad de contar con una policía específica, pero no hubo acuerdo entre el Ministerio del Interior y el de Economía. El inspector de Hacienda, Juan Manuel Vera, argumenta que ante la 'gravedad de los fenómenos de fraude, parece llegado el momento de superar la inercia que ha impedido hasta ahora la creación de la policía fiscal'.

El inspector recordó que países europeos gozan de esa policía especializada y que, su ausencia en España, representa una deficiencia la Administración.

Vera va aún más allá y propone que los inspectores y Técnicos de Hacienda que desempeñan funciones de investigación sean reconocidos como policía fiscal. Este cuerpo, que estaría integrado en el ámbito de la oficina antifraude de la Agencia Tributaria, podría estar integrado por unidades operativas de aduanas y por Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado.

La complejidad de los nuevos delitos requieren, según Vera, que los inspectores de Hacienda puedan realizar funciones propias de la policía, como seguimientos, registros, detenciones o interrogatorios.