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Política comunitaria

La CE expedienta a España por no aplicar a tiempo la norma contra el blanqueo de capitales

Bruselas expedientó hoy a España y a otros 14 Estados miembros por no haber introducido en su legislación nacional la tercera directiva contra el blanqueo de capitales. La norma tendría que haberse aplicado antes del 15 de diciembre de 2007. El resto de países expedientados son Bélgica, República Checa, Alemania, Grecia, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y Eslovaquia.

Los expedientes adoptan la forma de dictámenes motivados, segunda fase de un procedimiento de infracción. De no recibir una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, Bruselas podría recurrir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

La directiva se aplica tanto al sector financiero como a abogados, notarios, contables, corredores de la propiedad inmobiliaria, casinos, consorcios y empresas proveedoras de servicios. Su ámbito de aplicación abarca asimismo a todos los proveedores de bienes, cuando los pagos efectuados en metálico superan los 15.000 euros.

Quien esté supeditado a la Directiva está obligado a identificar y comprobar la identidad de su cliente y de su fiduciario, y a efectuar un seguimiento de su relación económica con el cliente; a notificar toda sospecha de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo a las autoridades públicas, habitualmente la unidad nacional de información financiera; y a adoptar medidas de apoyo, como garantizar una formación adecuada del personal y el establecimiento de políticas y procedimientos preventivos internos apropiados.

La norma incorpora requisitos y salvaguardas complementarias para situaciones de alto riesgo (por ejemplo, transacciones con bancos corresponsales situados fuera de la UE).

Exige que aplique la norma sobre fusiones transnacionales

Además de esto, la Comisión Europea volvió a exigir hoy a España -y a otros diez Estados miembros- que incorpore a la legislación nacional la norma comunitaria sobre fusiones trasnacionales, bajo amenaza de denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El ejecutivo comunitario ha enviado a Madrid un ¢dictamen motivado¢, el segundo paso en los procedimientos sancionadores, y si en el plazo de dos meses no responde satisfactoriamente, Bruselas podrá llevar el caso ante la Justicia europea.

Los otros países que tampoco han trasladado todavía al Derecho nacional la directiva sobre fusiones transfronterizas -debían hacerlo antes del final de 2007- son Bélgica, Grecia, Francia, Italia, Lituania, Letonia, Holanda, Portugal, Suecia y Eslovenia.

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