La Eurocámara exige que los 'irregulares' tengan asistencia jurídica gratuita
El Parlamento empieza a exigir cambios en la directiva europea sobre retorno, aprobada por los embajadores de los 27 países miembros de la UE el 22 de mayo.
Esta nueva directiva establece que los inmigrantes irregulares en un país comunitario puedan ser retenidos en un centro de internamiento por un plazo de 18 meses, y recoge que la garantía de una asistencia gratuita depende de cada país.
El alemán Manfred Weber, ponente del texto en la Eurocámara (que tiene poder de codecisión en esta materia), exigió ayer a la Presidencia eslovena cambios en la formulación para ofrecer garantías de asistencia legal gratuita a los indocumentados.
El objetivo es llegar a un acuerdo entre los 27, para que el jueves los ministros de Interior aprueben la norma en el próximo Consejo. Entre los países más reticentes a garantizar la asistencia gratuita se encuentran Malta, Grecia, Chipre y Letonia (de pequeño tamaño, con fronteras exteriores y con problemas de inmigración ilegal).
Los parlamentarios socialistas consideran que estos mínimos de defensa jurídica son cruciales cuando el límite máximo de internamiento se ha llevado hasta los 18 meses. En España el plazo es de 40 días, aunque el Gobierno ha señalado que podría extenderlo hasta los 60.