El regulador aprueba el informe medioambiental de la compra de Energy East por Iberdrola
El consejo del regulador neoyorquino Public Service Commission (PSC) ha aprobado el informe medioambiental de la operación de adquisición de Energy East por parte de Iberdrola sin poner trabas a la actividad de generación de la central de carbón de Russell.
El regulador ha dictaminado que la operación ¢no tendrá un efecto significativo sobre el medio ambiente¢, de modo que la adquisición no deberá que ser sometida a un análisis a la luz del Acta de Revisión de Calidad Mediambiental del Estado (SEQRA, por sus siglas en inglés).
Aunque en virtud de la legislación estatal corresponde al regulador la elaboración de un dictamen que describa el impacto medioambiental de la operación, como no ha sido encontrado ningún efecto ambiental, no procede la elaboración de un documento específico sobre la materia, indica la comisión en un documento difundido ayer por la PSC, que fue aprobado a finales de abril.
Este documento se da a conocer poco antes de que el juez administrativo Rafael A. Epstein, encargado de elaborar un informe no vinculante sobre la adquisición, dé a conocer sus conclusiones, que serán examinadas por el consejo de la PSC, que es el encargado de adoptar una decisión final.
Los técnicos del regulador han pedido al consejo que restrinja el reparto de dividendos de Energy East y articule una 'golden share' (acción de oro) para tener derecho de veto sobre acuerdos de tipo estratégico en la adquirida. Además, quieren que el consejo promueva la creación de una figura especial de supervisión y elija a un consejero independiente de Energy East.
El pasado 14 de marzo, la eléctrica española remitió al juez administrativo un documento en el que aceptaba varias concesiones, entre ellas la venta de la planta de fuel de Russell Station, la aportación de 201 millones de dólares (130 millones de euros) a la comunidad y la inversión de 100 millones de dólares (64 millones de euros) en energía eólica.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, advirtió en la última junta de accionistas de la compañía de que, en el caso de que los términos del acuerdo no sean satisfactorios, la eléctrica podría buscar alternativas en Estados Unidos.