Una financiación justa y perdurable
Las comunidades autónomas llevan varias semanas allanando el terreno de cara a las negociaciones de financiación que se iniciarán, ya en profundidad, en breve. En estos preámbulos, es normal que salten chispas entre los Gobiernos regionales, lo que no favorece el clima de entendimiento político, ni contribuye a rebajar las tensiones interregionales, ya de por sí frecuentes. Aunque sólo fuese por evitar estos conflictos, sería deseable que el futuro sistema de financiación tenga voluntad de permanencia y no haya que volver a modificarlo dentro de dos legislaturas.
La reforma que empieza a acometerse es necesaria, vital. El actual modelo se ha quedado desfasado ante las nuevas competencias transferidas y, básicamente, ante el aumento demográfico derivado de la inmigración. El reto es consensuar un modelo que aporte, por un lado, la suficiencia financiera para acometer las nuevas demandas sociales, pero, por otro, que asegure que cualquier ciudadano tendrá los mismos derechos, deberes y oportunidades al margen de su lugar de residencia.
Una vez que el proceso de transferencias ha quedado cerrado en sus grandes líneas no caben excusas para no establecer -después de 30 años- una financiación pública que cumpla con estas tres premisas: igualdad para todos los ciudadanos, suficiencia económica y perdurabilidad. Así pues, no es necesario retrasar el proceso en espera de una situación económica más favorable. El nuevo sistema debe servir igual para los momentos de bonanza como para los de estrechez, por lo que no es determinante en qué momento del ciclo se negocia. Y si se pretende que el futuro sistema perdure, lo relevante no será determinar con cuánto dinero van a contar los Gobiernos regionales, sino cuánto dinero necesitan para cumplir con los servicios que la sociedad les ha encomendado. De no hacerse así, sería como empezar la casa por el tejado. Discutir si deben recibir más o menos en función de la población, de la dispersión, de la densidad de población o de la voluntad solidaria de tal o cual comunidad se asemeja mucho a un regateo que debería ser evitado.
Bajo esta premisa es imprescindible determinar qué servicios deben ser prestados; cómo hacerlo con eficacia y qué administración los debe gestionar. Ese es el debate de fondo que debería producirse, por lo que tiene sentido que se incluya al mismo nivel en las negociaciones la tercera Administración: la local. Los ayuntamientos han sido los grandes olvidados y es primordial determinar el papel que deben jugar en el conjunto de la Administración.
En los últimos años, las arcas locales han disfrutado de una gran bonanza gracias a los ingentes ingresos derivados del boom inmobiliario que han permitido a muchas corporaciones ampliar los servicios que ofrecen a sus ciudadanos a pesar de no ser de su competencia. Eso ya se ha terminado, por lo que es prioritario determinar qué competencias corresponden a cada Administración -central, autonómica y local- y luego asignar los recursos para que se gestionen correctamente. Pero, eso sí, el reparto de los fondos debe ir parejo al de las responsabilidades, incluida la fiscal.