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Gobierno

Vivienda reestructurará la Sociedad de Alquiler por sus malos resultados

Los pobres resultados cosechados por la Sociedad Pública de Alquiler han provocado que la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se haya planteado una gran reestructuración de esta empresa pública. El ministerio baraja varias posibilidades, entre las que no figura su cierre.

La decisión última está aún por tomar, pero lo que parece claro es que ya nada será igual a partir de ahora en la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). El Consejo de Administración de esta entidad dará luz verde hoy jueves a la salida de su presidente, Alejandro Inurrieta, un relevo que no ha estado exento de polémica.

Sea como fuere, la ministra tiene pendiente tomar una decisión sobre el modelo de gestión que quiere para la SPA y, aunque algunas fuentes llegaron a especular con su cierre, desde el Ministerio se asegura que ésa posibilidad nunca estuvo sobre la mesa.

Según ha podido saber CincoDías, entre las posibles opciones que se barajan destaca la capitalización de la empresa, con una inyección de al menos 10 millones de euros. Esto supondría una apuesta por el modelo implantado por la ministra María Antonia Trujillo y un reforzamiento de su papel como impulsor de un auténtico mercado de alquiler profesional, tesis defendida por Inurrieta.

El Gobierno descarta que vaya a cerrar la entidad, creada en 2005 y con una vida prevista de 10 años

Y es que la situación financiera por la que atraviesa la entidad no es ni mucho menos saneada, ya que hace algunas semanas el Ministerio inyectó, a través de la entidad empresarial de suelo Sepes, cuatro millones de euros para evitar una suspensión de pagos.

La SPA nació en 2005 con el propósito de generar en España un mercado profesional de alquiler, aunque tenía fecha de caducidad. Los impulsores del proyecto creyeron entonces que transcurridos 10 años, y una vez cumplido su objetivo, la entidad pública no tendría razón de ser y dejaría de existir.

Así, parece que poco más de dos años y medio de trabajo efectivo no han servido para convencer a los nuevos responsables de Vivienda de la necesidad de seguir apostando por esta sociedad.

Hasta abril se habían entregado 6.808 llaves, se habían contabilizado 38.332 entradas de inmuebles, 25.631 evaluaciones y 7.069 pisos fueron rechazados por no cumplir con los mínimos requisitos de habitabilidad.

Los actuales gestores de esta sociedad defienden que llevar a cabo una labor como la que realiza la SPA requiere su tiempo, 'porque nadie, ninguna empresa privada, ni ninguna entidad pública, ofrece tantas garantías como nosotros'.

Otra de las posibilidades a estudio es ir abriendo paulatinamente delegaciones en cada comunidad autónoma y trabajar de manera conjunta con las agencias municipales y regionales que surgieron al calor de la SPA. 'A partir de una fecha concreta, la sociedad estatal ya no firmaría más contratos y acabaría cediéndoles a las comunidades la gestión de sus alquileres', explican algunas fuentes consultadas.

Y otra de las fórmulas que se baraja plantea que la SPA pase a depender orgánicamente de Sepes. Mientras esta última sería la encargada de desarrollar su patrimonio de suelo y urbanizarlo, la Sociedad Pública de Alquiler quedaría reducida a un mero gestor de las casas que el Ejecutivo tiene previsto construir para crear un parque estable de vivienda protegida (VPO) en régimen de arrendamiento. De hecho, con Carme Chacón en el Ministerio se pensó en la SPA como la entidad encargada de cobrar los alquileres de los pisos para universitarios.

Entretanto, ayer se confirmó que los inquilinos de la SPA tendrán cubierto el pago de sus rentas con un seguro si pierden su empleo o causan baja por enfermedad.

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