Barrabasadas jurídicas de altos vuelos en la UE

Hubo un tiempo en que una parte de la prensa británica se mofaba de las ocurrencias de la Unión Europea y en su delirio euroescéptico llegaba a atribuir a Bruselas supuestas iniciativas para armonizar la forma de los plátanos o el tamaño de los preservativos. Pero ni siquiera esa prensa podía imaginar que la Comisión Europea llegaría a la aberración jurídica de aprobar en 2003 un reglamento de seguridad aérea aplicable a cientos de millones de pasajeros... y que declarara secreto su contenido.

La CE anunció ayer, por enésima vez, que 'hemos iniciado ya el proceso para hacer público el Reglamento'. Su esperada decisión, sin embargo, llega después de que las sucesivas actualizaciones de la lista de objetos prohibidos en el equipaje de mano haya causado innecesarias molestias y humillaciones a miles de pasajeros. Uno de ellos, David Raya, decidió rebelarse contra la aplastante maquinaria comunitaria. Y parece que está a punto de derrotarla.

Raya, un ciudadano español de 27 años, expuso ayer ante el Parlamento europeo su calvario personal cada vez que tiene que tomar un avión. Aquejado de una enfermedad genética y degenerativa, Raya viaja 'con un arsenal de medicamentos' y eso le expone en cada aeropuerto a la arbitrariedad de una norma secreta. 'Por eso pido que se derogue o modifique la normativa y, sobre todo, que se haga pública', clamó ante los europarlamentarios.

El texto parece tener los días contados porque un reciente dictamen del Tribunal de Justicia europeo lo consideró tan viciado de forma que pide no sólo su anulación sino incluso que los jueces lo declaren inexistente. Para Raya y centenares de pasajeros, será un alivio. Pero el fiasco de este Reglamento parece más un síntoma de la peligrosa aventura de la Unión Europea en temas judiciales y de seguridad, que una lamentable excepción. 'Si la UE, y lo dice un euroconvencido, fuera un sistema político normal', señaló ayer el eurodiputado liberal Ignasi Guardans, 'el responsable político de ese texto tendría que haber dimitido'.

Pero en Bruselas casi nada es normal. El último valedor de ese texto, el comisario de Transportes, Jacques Barrot, dejará en breve su cartera. Pero será para ocuparse nada menos que de Justicia e Interior.

Lo cierto es que, probablemente, la responsabilidad de una barrabasada como la que ha amargado varios viajes a David Raya no es personal. Los deslices jurídicos parecen deberse, más bien, al afán de Bruselas por desarrollar una política común de seguridad, derechos y libertades. Objetivo encomiable pero que se quiere lograr con los mismos instrumentos legales utilizados para construir el mercado interior o la unión monetaria. Esa peligrosa extrapolación hace que el déficit democrático percibido desde el inicio de la comunidad económica europea se convierta ahora en una insoportable amenaza para las sociedad democrática y el estado de derecho.

Los conciliábulos diplomáticos y burocráticos de la capital comunitaria ya no legislan sólo sobre aranceles agrícolas o estándares industriales. Ahora se ocupan también de regular los contenidos de internet, fijar los periodos de encarcelamiento de un inmigrante clandestino o decidir quién figura en una lista negra de supuestos terroristas. Y lo hacen con el mismo secretismo y propensión a componendas con que decidieron que la sede del BCE los tipos del IVA.

Por suerte, el Tribunal de Luxemburgo está frenando muchas de las nuevas iniciativas en justicia e interior. Los jueces han anulado desde medidas de armonización de penas hasta el acuerdo sobre transferencias de datos de pasajeros a EE UU. Y el despotismo iluminado de Bruselas se topa, sobre todo, con gritos como el de Raya, que ayer rogó que 'no se legisle de espaldas al Parlamento y a los ciudadanos'.