La CAM presiona al dueño de Incosol para que pacte con los acreedores
Los acreedores del grupo hotelero y de construcción Jale, con dos filiales en situación concursal desde el 4 de marzo, intentan acelerar un acuerdo para cobrar una deuda de 388 millones. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) encabeza un grupo de afectados que exigirá en bloque un primer contacto con los administradores.
Las entidades financieras acreedoras de la gaditana Jale, propiedad del empresario José Antonio López Esteras, esperaban tener un encuentro después de Semana Santa con los administradores concursales que gestionan la crisis de sus dos filiales en suspensión de pagos: Jale Construcciones, con una deuda de 276 millones, y la inmobiliaria Amuerga, que ha impagado 112 millones. Pero fuentes cercanas a las empresas implicadas aseguran que la cita no se ha producido y que los bancos han perdido la paciencia.
Según las mismas fuentes, la CAM está promoviendo un frente común para conocer 'con urgencia' el informe de los administradores. Entre 25 y 30 millones, de los 388 que forman el endeudamiento de Jale, corresponderían a créditos firmados con la propia CAM, que, junto al BBVA, es una de las más afectadas por la crisis de liquidez que sufre el grupo gaditano.
Consultada por este diario, la caja ha evitado hacer comentarios: 'No emitimos valoraciones sobre nuestra relación con los clientes', cita un portavoz de la CAM.
Además, los últimos acontecimientos no han hecho más que menoscabar la confianza en López Esteras. Y es que los antiguos dueños del hotel marbellí Incosol, personados en el concurso, han denunciado ante los tribunales la venta de un hotel de Jale, El Monasterio de San Miguel, al BBVA. Un establecimiento que la propia Jale había puesto como garantía prendaria cuando compró Incosol en marzo de 2007. Las empresas de López Esteras, creadas en torno al eje económico que forman Cádiz, El Puerto y Jérez, figuran entre las primeras en sucumbir a la sequía de capital en el mercado del ladrillo. Antes, el pequeño imperio era conocido por contar con lujosos hoteles o por sus promociones en toda la Costa del Sol.
Jale Construcciones, con activos por 45,8 millones, e Inmobiliaria Amuerga, con activos valorados en 317,1 millones, presentaron la declaración en concurso voluntario (antigua suspensión de pagos) el 27 de febrero. Fue en el Juzgado de lo Mercantil de Cádiz, que nombró a los abogados Alejandro Bengio Bengio y Tomás Torres Peral como administradores. Al parecer, éstos no han tenido cita alguna con los bancos a pesar de que, en un primer momento, se comprometió una reunión para templar los ánimos.
A partir de que la juez declaró el concurso (el 4 de marzo) y de que el auto fue publicado en el BOE, el pasado 27 de marzo, los acreedores tuvieron un mes para comunicar los créditos contraídos con Jale y Amuerga.
Lo siguiente será la presentación del esperado informe de los administradores y, por último, llegará el convenio. Un documento en el que se deben fijar detalles como la deuda contraída, la quita y la forma de pago. Pero las entidades financieras ya dan síntomas de desconfianza y buscan una reunión en la que se pongan sobre la mesa las garantías de pago.
Un hotel cargado de polémica
El BBVA compró en enero el hotel Monasterio de San Miguel, en El Puerto de Santa María, por el que pagó 24 millones a Jale después de que fuera levantada una carga a favor de Cajasol por unos siete millones.Lo que el banco parecía desconocer es que el establecimiento era la prenda en una operación entre Jale y la familia García-Egocheaga. Estos últimos traspasaron Incosol a López Esteras en marzo de 2007. Jale asumía una deuda de 20 millones, compromisos como levantar un Incosol en Extremadura y pagaba 50 millones por el hotel marbellí.Los García-Egocheaga han denunciado que la venta al BBVA se ha hecho sin su conocimiento y sin que la prenda fuera sustituida, por lo que hablan de una presunta estafa. Argumentan que una garantía prendaria no puede inscribirse en el registro de la propiedad, por lo que cuadra que el BBVA no la conociera. Pero los demandantes añaden que el hotel estuvo entre los activos de Amuerga semanas antes de ser traspasado y de que la firma fuera declarada en concurso. Así, aprecian que Jale ha podido incurrir en un delito de alzamiento de bienes.