El Gobierno promete protección para los consumidores más débiles
Industria ya se ha puesto en contacto con las eléctricas para que la subida de luz tenga el menor impacto posible sobre los 20,5 millones de consumidores que se rigen por la tarifa doméstica. Así lo confirmó ayer José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso, donde anticipó que las medidas que piensa adoptar el Gobierno para algunos colectivos puede terminar suponiéndoles un ahorro final de entre el 2% y el 3% en su factura.
El presidente del Gobierno confirmó que la desaparición de la tarifa nocturna en julio como consecuencia de la aplicación de la directiva europea que obliga a ello, dará paso a un nuevo modelo de discriminación horaria que ampliará en cuatro horas el abanico de precios más bajos y, por tanto, podrá beneficiar a más consumidores. La factura, dijo Zapatero, se reducirá entre un 2% y un 3%, dependiendo de los casos. El presidente dejó claro que la petición trasladada al Gobierno por la Comisión Nacional de la Energía para aumentar la tarifa un 11,3% no es vinculante y que el Gobierno tomará al respecto 'una decisión razonable y razonada' que tendrá en cuenta 'los aspectos socioeconómicos'.
El interés del PP en que el Gobierno aclare cuanto antes cómo afectarán estas medidas a los consumidores dio pie ayer a una interpelación parlamentaria que contestó el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Este anticipó la intención del Ejecutivo de limpiar la tarifa eléctrica 'de todos aquellos conceptos que escapan a la responsabilidad del consumidor' y que pasarán a engrosar las correspondientes partidas en los Presupuestos Generales del Estado. Se desconocen dichos conceptos y si el trasvase supondrá una subida de impuestos.
Sebastián también confirmó su intención de promover una 'tarifa social' con el fin de 'reducir al máximo' el impacto de la subida de la luz para los consumidores con menores ingresos.
El ministro recordó que el déficit de tarifa es herencia del PP y tiene consecuencias perversas. Entre ellas, el traslado de los costes a generaciones futuras, el fomento del despilfarro y el aumento del beneficio de las eléctricas ya que sacan ventajas de una demanda artificialmente elevada. Así, abundó, no se puede ir a un mercado minorista liberalizado.
Sebastián advirtió que las cargas del nuevo modelo serán asumidas por las empresas, la Administración y los consumidores, al tiempo que reprochó al PP que sea 'ultraliberal' en Latinoamérica y 'populista' en España después de haber presionado a su antecesor en el cargo para que intercediera a favor de las eléctricas españolas en Argentina ante la congelación de tarifas.
El debate fue seguido por el ex presidente de Endesa Manuel Pizarro, quien saludó brevemente a Sebastián.
Pagar las primas a las renovables vía presupuestos o eliminar impuestos
Miguel Sebastián desveló ayer su intención de trasvasar parte de las hipotecas que soporta la tarifa eléctrica a los Presupuestos del Estado, como vía para frenar las subidas. Aunque no precisó qué costes eliminará, la CNE le ha hecho sugerencias en su informe de tarifas.El coste más relevante, porque suma 2.300 millones (el 20% del coste total), es el de las primas a las renovables. En su informe original, la CNE considera que, dado que el fomento de las renovables que persigue la UE tiene un objetivo ambiental (luchar contra el cambio climático) y otro socio económico (empleo o desarrollo rural), estaría justificado legalmente que una parte de este sobrecoste se financie con cargo a los Presupuestos. Además, todos los consumidores de energía (no sólo eléctrica, sino de petróleo, gas o carbón) deberían asumir un 21% de estas prima, según la CNE.Menos impuestos. Otras opciones que se plantea es eliminar de la tarifa el impuesto sobre el carbón y reducir el IVA del 16% al tipo reducido del 5%, como en el otro país del Míbel, Portugal. Esta medida liberaría 2.235 millones.Más fácil de aplicar, porque hay una sentencia de la Audiencia en este sentido, es quitar de la tarifa el coste de los planes de ahorro energético del Gobierno. Y que los fondos de solidaridad interterritorial paguen las subvenciones a los sistemas eléctricos de las islas.