Los registradores piden una ley de insolvencias para particulares
La crisis financiera actual ha comenzado a pasar factura a las empresas, pero también a las familias. Por ello los registradores reclamaron ayer al Gobierno que elabore una ley específica para regular las insolvencias de los hogares, ya que la actual norma concursal sólo está diseñada para solucionar los problemas de las empresas.
Las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuya fuente son precisamente los registros mercantiles y de la propiedad, estiman que sólo en el primer trimestre de este año 66 familias se declararon insolventes, más del triple que un año antes, cuando apenas lo hicieron 20. Dado que todo apunta a que la actual coyuntura de tipos de interés altos y peores perspectivas de empleo continúen a corto y medio plazo, los registradores consideran que esos números no dejarán de crecer en los próximos trimestres.
Así, durante la sesión inaugural del XVI Congreso Internacional de Derecho Registral (Cinder) que se celebra hasta mañana en Valencia, el registrador mercantil de Barcelona, Luis Fernández del Pozo, recordó que Bruselas recomienda desde hace años que todos los países con elevadas tasas de endeudamiento de los hogares aborden una reforma legal que sea capaz de dar respuesta a los casos de insolvencia entre particulares. 'Países como Alemania, donde cada año un millón de familias declara no poder hacer frente a sus pagos corrientes (la hipoteca de la casa, luz, agua, gas, entre otros) Francia o Reino Unido ya lo han hecho y en esos casos los hogares pueden optar a una segunda oportunidad', añadió. En este sentido, Fernández del Pozo explicó que en aquellos países donde existe legislación específica y siempre que se demuestre que el deudor tiene buena fe y no actuó de manera negligente, 'se diseña un plan de pagos que permite un aplazamiento de buena parte de la deuda y constituye un nuevo comienzo para la familia'. Para ello, algunos expertos apuestan incluso por crear la figura del mediador como árbitro que permita solucionar esta clase de conflictos.
No obstante y a su juicio, España necesitaría un tratamiento específico, ya que mientras en otros países como EE UU el endeudamiento familiar se origina por haber incurrido en gastos médicos o de consumo, en España es eminentemente hipotecario.
La crisis también llega a los registros
El boom inmobiliario provocó que la contratación de trabajadores y la actividad de los registros de la propiedad se disparara con fuerza en los últimos años.Según el vicedecano del Colegio de Registradores de España, José María Alfín, la plantilla de los registros se ha multiplicado casi por cuatro en ocho años, llegando a situarse entre 15.000 y 20.000 personas. En la actualidad, con el parón de compraventas detectado (el número de operaciones cayó un 24,4% en febrero, último dato disponible), la tendencia es la contraria y es especialmente acusada en aquellos municipios de las áreas costeras, donde la segunda vivienda ha crecido con mucha fuerza, así como en algunas grandes ciudades. El vicedecano también confirmó que se está empezando a recortar empleo, aunque no precisó en qué cuantía.