Las comunidades podrán tener déficit en 2009 y 2010 si es para inversiones
El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado ayer sirvió para que Solbes comunicara a las comunidades los seis principios que deben guiar el próximo sistema de financiación autonómica que empezará a negociarse a partir de hoy. Entre ellos, el Gobierno defiende que el Estado central mantenga, al menos, el 50% del gasto público para 'asegurar la unidad de mercado'. También sería innegociable la cesión a las comunidades de la recaudación del impuesto de sociedades.
Si bien la financiación autonómica no entraba oficialmente en el orden del día, Pedro Solbes aprovechó la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para informar a los consejeros autonómicos de la postura del Gobierno y del calendario a seguir. Economía iniciará en breve contactos bilaterales con todas las comunidades con el objetivo de que antes del próximo 9 de agosto (fecha prevista en el Estatuto catalán) se acuerden los grandes principios y, 'si es posible', que el nuevo sistema entre en vigor en 2009.
Solbes defendió que la nueva financiación garantice que todas las comunidades puedan financiar sus competencias, sea un sistema flexible, aumente la cesión de impuestos y potencie la corresponsabilidad fiscal. Además, el modelo deberá garantizar que todos los ciudadanos 'tengan igual acceso a los servicios públicos fundamentales'.
Este punto es importante porque guarda relación y no contradice la novedosa y polémica propuesta catalana de limitar la solidaridad a sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, Solbes, defendió que la justicia también era un servicio esencial, algo que la propuesta catalana no contempla. Según el vicepresidente, la recepción de las comunidades para llegar a acuerdos fue buena. Y aseguró que la propuesta del Gobierno también fue bien acogida por las comunidades gobernadas por el Partido Popular. 'No ha habido diferencias partidistas', aseguró.
El Gobierno considera que la justicia es un 'servicio esencial' y que deberá nutrirse del Fondo de Suficiencia
A día de hoy, existen bastantes puntos de acuerdo entre las comunidades -que el sistema sea flexible y se adapte a los cambios demográficos, que la población determine el nivel de necesidades o aumentar el porcentaje de cesión de los impuestos estatales-. Sin embargo, el mayor desacuerdo se produce en limitar el Fondo de Suficiencia -que actualmente representa el 30% de los recursos autonómicos- a los servicios básicos. Algo que comunidades socialistas como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha rechazan con contundencia.
El Gobierno catalán presidido por José Montilla, también socialista, encuentra más sintonía con comunidades como la valenciana, gobernada por el PP. Aún así, Gerardo Camps, consejero valenciano de Economía, aseguró ayer que no hay acuerdo con el Ejecutivo catalán en poner límites a la solidaridad interregional. Fuera del CPFF, el portavoz económico del PP en el Congreso, Cristóbal Montoro, aseguró que le parece absurdo pactar una nueva financiación autonómica antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el Estatuto catalán, algo que no se producirá hasta después del verano.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunirá hoy con los presidentes autonómicos socialistas para abordar posturas comunes sobre la financiación regional. 'Mañana por hoy será una cena de intercambio de puntos de vista, no de negociación', aclaró Solbes.
Las regiones podrán tener déficit inversor
El CPFF acordó ayer como objetivo fiscal para las comunidades mantenerse en equilibrio presupuestario en 2009 y 2010 y lograr un superávit del 0,1% del PIB en 2011, año en que el Ejecutivo prevé que el PIB vuelva a crecer por encima del 3%.Pese al objetivo inicial de equilibrio para los dos próximos años, la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla que las comunidades puedan registrar un ligero déficit por inversiones productivas de hasta el 0,25%, siempre que lo justifiquen, por lo que, de facto, éstas podrán tener déficit en 2009 y 2010, según recalcó ayer el propio consejero de Economía valenciano, Gerardo Camps.En los últimos seis años la comunidades autónomas siempre han cerrado sus ejercicios en números rojos a excepción de 2006 que acabaron en equilibrio.Si cuando la economía crecía a un ritmo superior del 3,5%, la administración autonómica obtuvo saldos negativos, parece difícil que pueda mejorar sus números en un momento de desaceleración económica que afecta negativamente a la recaudación tributaria del Estado y de las comunidades. Así se lo expresaron al vicepresidente Pedro Solbes un buen número de consejeros regionales, entre ellos los de Murcia, Cataluña y Valencia.El Consejo de Política Fiscal y Financiera marca sus objetivos en línea con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece que las comunidades deberán alcanzar siempre superávit cuando la economía crezca por encima de su potencial.Existe cierto consenso en que un aumento del PIB del 3% representa el potencial de la economía española.