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Turismo

Nicaragua embarga a Barceló el único hotel que tiene en el país

El Gobierno nicaragüense ha procedido al embargo del único hotel que por ahora tiene el grupo Barceló en el país latinoamericano porque la hotelera le 'debe dinero'. La cadena, por su parte, asegura que realizaron las inversiones necesarias que estipulaba el contrato de compra y considera que se trata de un asunto 'político'.

Hoteles de capa caída
Hoteles de capa caída

La cadena hotelera Barceló puede quedarse sin el único hotel que por ahora tiene en territorio nicaragüense. Una orden judicial solicitada por la Procuraduría del país latinoamericano exige el embargo del hotel que Barceló tiene en la playa de Montelimar, a 65 kilómetros de la capital Managua.

Hernán Estrada, procurador general de Nicaragua, dijo ayer que los tres millones de dólares (1,95 millones de euros) que Barceló pagó por el terreno del hotel no fueron justos. La cifra que Barceló tendría que pagar de más, según el Estado nicaragüense, sería de 1,4 millones de dólares aproximadamente (906.000 euros).

Estrada comentó que el resort de Montelimar se vendió a un precio 'ridículo' para una extensión tan grande de terreno Por ese motivo, el Estado exige unos pagos posteriores que, según aseguran desde la procuraduría nicaragüense, Barceló no ha efectuado en los 12 años que lleva el grupo hotelero en la región. El 'secuestro preventivo' del hotel se produjo a principios de mayo. Sin embargo, la investigación lleva abierta desde hace más de un año, según el Gobierno.

La cadena hotelera balear compró el Montelimar Beach Resort al Estado en 1993 durante la presidencia de Violeta Barrios de Chamorro. En este periodo se privatizaron también la mayoría de las empresas del Estado.

El contrato de compra del hotel es, según Barceló, el punto de fricción con el estado nicaragüense. Según un portavoz de la hotelera, en el documento, Barceló se comprometía a más inversiones en el futuro para 'dinamizar el turismo de la zona'.

La cadena asegura que unos años más tarde de la compra amplió el resort que ahora ocupa 210 hectáreas y por tanto invirtió el capital acordado. El grupo balear está convencido de que el conflicto es una cuestión más 'política que otra cosa' y compara su caso con el que le ocurrió a Unión Fenosa, que aún tiene problemas con el Gobierno nicaraguense.

El Montelimar Beach Resort, de 293 habitaciones, es el único hotel que por el momento Barceló tiene en el país centroamericano. Aunque el embargo supone un 'contratiempo' en las relaciones entre el Gobierno dirigido por Daniel Ortega, Barceló sigue en negociaciones para hacerse con la gestión de otro hotel en Managua, porque al ser sólo gestión 'no implica riesgo'.

Este incidente, junto a lo ocurrido con Unión Fenosa y con Repsol YPF en Bolivia, hace prever que la Cumbre Iberoamericana que comienza mañana en Lima (Perú) pueda iniciarse con relaciones tensas entre algunos de los países asistentes.

Relación con España

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, recordó la semana pasada a su colega nicaragüense, Samuel Santos, la importancia de 'ofrecer un marco de seguridad jurídica en las inversiones extranjeras en el país'.

Segundo conflicto con una empresa española en dos años

España es el segundo país que más invierte en Nicaragua, por detrás de Estados Unidos. Además de Barceló, otras empresas españolas como Telefónica y Unión Fenosa han visto potencial en el país centroamericano. Esta última tiene otro litigio con el Estado desde el año pasado cuando demandó al Gobierno por diferencias en la interpretación del contrato de la energética, quién aseguró que la falta de condiciones políticas le impedían operar en Nicaragua. El presidente, Daniel Ortega, acusó varias veces a Unión Fenosa de no cumplir el contrato por el que se le concedió la distribución de energía eléctrica. En su discurso electoral prometió expulsar a Unión Fenosa del país si ganaba las elecciones de 2006. De hacerlo, el Estado tendría que pagar 70 millones de euros al Banco Mundial y a la eléctrica, en concepto del seguro por el 'riesgo político', adquirido por la empresa. El último episodio fue hace unos días. Unión Fenosa suspendió la firma de la compra por parte del Estado del 16% del negocio de la compañía en el país por no respetar lo acordado antes.

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