Quién le pone el cascabel a la fusión energética

Si, tras los aparatosos fracasos de fusión energética en España, el nuevo proyecto de unión entre Gas Natural e Iberdrola prosperase, los artífices de la misma merecerían, quizás, un homenaje patrio. La fusión de estas dos compañías, que, sólo en líneas generales, está encima de la mesa, parece una opción razonable, tanto desde el punto de vista económico como político.

Se configuraría un grupo más equilibrado (con la ansiada mezcla del gas y la electricidad que inspiraron los anteriores intentos de concentración de Gas Natural) y, aunque su dimensión no alcanzase la categoría de coloso mundial (la capitalización de ambas suma unos 63.000 millones, de los que habría que restar el valor que se pierda por el canje y las desinversiones obligatorias) el grupo resultante contaría con un núcleo español estable, para mayor ventaja, con dos cajas de referencia (BBK y La Caixa) que alejaría posibles tentaciones de desembarcos foráneos. Sólo un 30% de Iberdrola está en manos de accionistas con más de un 3%.

Además, la predisposición de ACS a no participar en el proyecto a cambio de recibir activos para Unión Fenosa por un valor equivalente al de su paquete en Iberdrola, facilitaría la tarea. Por un lado, serviría como plan de remedios ante las autoridades de la Competencia europeas (con Scottish Power integrada en Iberdrola cualquier operación tiene dimensión comunitaria) y, por otro, simplificaría la gestión del nuevo grupo.

Un rechazo de plano por Galán pondría fin a la opción española y a los argumentos contra EDF

Con estos activos, Fenosa, que tiene cuotas de entre el 12% y el 15% (según se mida el mercado de distribución o de generación) podría arañar otro 10%. Este dato es difícil de precisar pues dependerá del tipo de activos que recibiera.

A la voluntad de negociar expresada por los principales accionistas (La Caixa y Repsol, con un 64% de Gas Natural; y ACS y BBK, con un 12,7% y un 7,7% de Iberdrola, respectivamente) en las reuniones multilaterales y bilaterales que se han sucedido tras la formación del nuevo Gobierno, la operación tiene otra gran ventaja: es bien vista por el vicepresidente económico, Pedro Solbes; por el de Industria, Miguel Sebastián (en este punto, han limado diferencias) y por los partidos que gobiernan en las comunidades donde están las sedes de las compañías: el PSC y el PNV. En este último caso, su caballo de batalla es que la sede se mantenga en Bilbao.

Frente a tanta sintonía, a la que se une el impagable silencio del Partido Popular, surgen, sin embargo, dos escollos: la oposición del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que controla el consejo y los blindajes estatutarios, y la tentación de Solbes y Sebastián de adoptar una actitud distante respecto a la operación. Ambos quieren 'venderla' como un proyecto exclusivo de las empresas, con el que el Gobierno nada tiene que ver. El fiasco de las opas sobre Endesa, entre otros, explicarían el temor, especialmente de Sebastián, de transmitir una imagen intervencionista del Gobierno.

Pero, en este caso, por tratarse de una operación en la que los principales accionistas están de acuerdo, hay quien considera que el Gobierno debería abandonar su actitud 'vergonzante' y tomar cartas en el asunto, pues sólo una posición decidida del Ejecutivo podría retraer a Galán.

Un nuevo fracaso de fusión Gas Natural-Iberdrola (el último tuvo lugar en el verano de 2006, antes de la compra de Scottish Power) dejaría a la eléctrica a merced de una opa de EDF. El grupo galo parece mantenerse a la espera de que alguien (léase, ACS u otros accionistas) le invite a cruzar los Pirineos.

Una eventual pérdida del control español de Iberdrola supondría que más de un 70% del sector eléctrico pasaría a manos públicas extranjeras (más del 85% si Acciona se retira de Endesa). Llegados a este punto, ¿sería más criticable un arbitraje del Gobierno para salvar la españolidad de Iberdrola o que, por su abstención, ésta se perdiera?, se preguntan en el sector.

En cualquier caso, hay quien teme que tampoco un cierre de filas entre los accionistas y el Gobierno garantizan un cambio de actitud de Galán, que, como defensor del pequeño inversor, insiste en que no admitirá ninguna operación que suponga una dilución del valor o un troceamiento de la compañía que preside.

En Repsol y Gas Natural, que en los últimos días han ganado protagonismo mediático frente ACS y EDF, se muestran sorprendidos por el cambio de actitud de Galán desde que, a comienzos de febrero (CincoDías adelantó el 24 de enero que EDF había adquirido un 2,99% de Iberdrola con intención de tomar el control) llamó a la puerta de La Caixa para proponerle una fusión.

Los accionistas de Gas Natural mantuvieron contactos informales en los que Galán hizo sus propuestas hasta que, hace dos semanas, en una cena tripartita (con el presidente de La Caixa, Isidro Fainé, y el de la petrolera, Antonio Brufau), el desencuentro fue total. Galán no acepta un núcleo estable integrado por Repsol, La Caixa y BBK, que tendrían más del 30%, ni un canje desfavorable a Iberdrola. '¡Hasta ahí podíamos llegar. Iberdrola es tan grande como Gas Natural y Repsol juntas!', aseguran en la eléctrica. Tampoco La Caixa acepta perder un control que ahora tiene en la gasística.

En la petrolera achacan esta actitud retadora de Galán a que, por razones que no explican, éste ha dejado de temer una opa de EDF. Otras fuentes opinan que el presidente de la eléctrica, al contrario que los grandes accionistas, no tiene nada que perder y casi prefiere la opa. Además, de su blindaje personal (se llevaría cinco anualidades y un suculento plan de pensiones) una opa dispararía la cotización (y viceversa) y dejaría satisfechos a los pequeños inversores.

Según fuentes próximas a Iberdrola, Galán está convencido, además, de que las disensiones entre los propios accionistas (especialmente entre Brufau y el presidente de Sacyr, Luis Rivero) dificultarán un acuerdo.

Las conversaciones entre todos ellos y el Gobierno han continuado en los últimos días y sólo falta ponerle el cascabel al gato. Esto es, elegir al intermediario que formalmente presente un plan de fusión a Galán respaldado por el Ejecutivo para que la operación deje de ser un simple juego de rumores mediático.

Un rechazo de plano del presidente de Iberdrola, pondría fin a la opción española y a cualquier argumento en contra de una eventual invasión gala.