Economía espera el fallo del Estatuto catalán para negociar la financiación
La negociación del nuevo modelo de financiación autonómica tendrá unos ritmos más pausados de los previstos una vez que la Generalitat de Cataluña ha aceptado el aplazamiento de la solución definitiva hasta después del verano, circunstancia que deja al Ministerio de Economía un margen temporal más amplio para poner de acuerdo a las comunidades gobernadas por el PSOE.
Antes de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se sientan las distintas comunidades autónomas, aborde en profundidad la negociación del nuevo modelo de financiación, el Gobierno quiere poner de acuerdo, como mínimo, a los nueve territorios que gobierna el PSOE para que sus consejeros de Economía acudan con una única voz a las reuniones clave donde se alumbrará la fórmula final. Según fuentes gubernamentales, la aceptación por parte de la Generalitat de Cataluña de aplazar la coronación del nuevo modelo hasta después del verano, facilitará las cosas al vicepresidente económico, Pedro Solbes, y, sobre todo, al nuevo secretario general de Financiación Territorial, Juan Manuel López Carbajo, un cargo de nueva creación con el que se ha buscado descargar de trabajo al secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña.
López Carbajo pertenece al Cuerpo de Inspectores de Hacienda y ha desarrollado toda su carrera administrativa en el ámbito del Ministerio de Economía. Su trabajo será, sobre todo, técnico y consistirá en dar con lo que el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, define como la 'fórmula polinómica' capaz de encajar los criterios que defienden las diferentes comunidades autónomas para modificar el actual modelo de financiación.
Esta fórmula se fabricará a partir del crecimiento de la población, como defiende, sobre todo, Andalucía, pero también de la dispersión geográfica y el envejecimiento, entre otras variables.
El Ejecutivo está a la espera de la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña
Hasta el momento, la tarea de Solbes ha consistido en buscar un denominador común entre los intereses de comunidades como Cataluña, que quiere hacer respetar, lógicamente, su Estatuto, y Andalucía, alineada con las posiciones de las regiones más atrasadas. El aplazamiento del calendario establecido en el Estatuto catalán para aplicar el nuevo sistema ha sido posible, en parte, gracias a la insistencia del Gobierno central en la conveniencia de conocer primero la sentencia del Tribunal Constitucional sobre dicho Estatuto, ya que sería muy arriesgado trabajar sobre premisas que pueden ser modificadas por el máximo intérprete de la Constitución.
En todo caso, las mismas fuentes aseguran que las conversaciones entre Pedro Solbes, el consejero de Economía de Cataluña, Antoni Castells, y el vicepresidente económico andaluz, José Antonio Griñán, se encuentran muy avanzadas. Cuando Economía consiga obtener el denominador común de los intereses de ambas comunidades y éste sea aceptado por el resto de las regiones gobernadas por el PSOE, será cuando se dé el paso de abordar las negociaciones en serio con las cinco comunidades gestionadas por el PP. Las mismas fuentes temen que Madrid, la Comunidad Valenciana, Murcia, La Rioja y Castilla y León terminen abordando por su cuenta esta negociación debido a la falta de un liderazgo asentado dentro del PP.
En cualquier caso, los últimos flecos de la negociación coincidirán con la tramitación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado para 2009, un proyecto de ley que será también complicado de afrontar teniendo en cuenta la tendencia a la baja de la recaudación tributaria y la necesidad de compensar a las comunidades autónomas por la eliminación del Impuesto sobre Patrimonio, ya decidida mediante acuerdo adoptado en un reciente Consejo de Ministros.
LAS CIFRAS
El 72% de los ingresos tributarios los administra el Estado y el resto las comunidades y ayuntamientos.
El 32% de la factura de los servicios públicos es pagada por las diferentes regiones.
En 27 años se han aplicado cinco modelos de financiación autonómica distintos, pero bajo parecidas variables.
Menos margen de maniobra financiero que en anteriores reformas
La discusión sobre el nuevo modelo de financiación no debería centrarse tanto en la aportación de recursos adicionales por parte de la Administración Central, como en la búsqueda de fórmulas para garantizar la suficiencia del sistema y, sobre todo, la solidaridad, una vez que el traspaso de competencias a los distintos territorios se encuentra tan avanzado. Esta es la premisa con la que desde el Gobierno se desea afrontar la negociación con las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que se va a disponer de un margen de maniobra financiero mucho menor del que se tenía cuando se pusieron en marcha los anteriores sistemas de financiación.Uno de los focos de fricción en la negociación que el Ministerio de Economía tiene pendiente de abordar con las comunidades autónomas será, según las mismas fuentes, la dotación del Fondo de Suficiencia, que se calcula a partir de la diferencia entre las necesidades de financiación de cada comunidad y la valoración de sus recursos tributarios. Las comunidades más ricas defienden que aportan más de lo que deberían al actual sistema.
El Gobierno aspira a desactivar el debate sobre las polémicas balanzas fiscales
El compromiso contraído por José Luis Rodríguez Zapatero en el reciente debate de investidura de publicar las balanzas fiscales en un plazo no superior a dos meses obedece a la presión ejercida desde la Generalitat catalana para abordar con cierta ventaja la negociación sobre el nuevo modelo de financiación.Sin embargo, fuentes gubernamentales apuntan que uno de los objetivos consiste, precisamente, en desactivar esta polémica, desvinculando la publicación de estas balanzas con dicha negociación, ya que lo contrario sería poner en pie de guerra a las comunidades más atrasadas y fomentar su enfrentamiento con las más ricas.El PSOE ha remitido al Congreso una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno clarifique qué porcentaje de los ingresos tributarios estatales se transfiere a cada comunidad autónoma, con la intención de dar 'transparencia' sobre el 'grado de responsabilidad' de las distintas administraciones.El PSOE argumenta que la complejidad del entramado autonómico ha diluido la asunción de responsabilidades entre los diferentes niveles de Gobierno.