Los transportistas piden a Fomento que fije tarifas mínimas obligatorias al sector
Las empresas del sector del transporte por carretera en pleno, representadas en el Comité Nacional de Transporte, trasladarán hoy a la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, una petición poco habitual en una economía liberalizada. Quieren que el Gobierno establezca una tarifa mínima de obligatorio cumplimiento en todos y cada uno los servicios que prestan para evitar que haya empresas que compitan fijando tarifas por debajo de los costes reales del servicio.
Esta práctica se conoce como dumping y es perseguida habitualmente por los organismos nacionales y europeos de competencia. Sin embargo, la atomización del sector del transporte en España, en el que operan no menos de 120.000 empresas, dificulta enormemente la persecución de este tipo de competencia desleal por parte de las autoridades.
Según la patronal del sector del transporte, Fenadismer, la escalada del petróleo, que ha provocado subidas de hasta el 50% en el precio del combustible en los últimos meses, podría disparar este tipo de prácticas irregulares, por lo que consideran más urgente que nunca la intervención gubernamental.
De momento, lo único que han conseguido del Gobierno es la publicación de un índice semestral, el Observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera, que sirve como referencia de las tarifas medias en la actividad, aunque no tiene peso legal.
La intención de los transportistas es que Fomento establezca lo que ellos han dado en llamar una tarifa mínima antidumping. æpermil;sta actuaría como suelo de precios para el sector, se vincularía al coste real del servicio (para impedir a cualquier empresa operar por debajo de costes) y serviría como referente legal para actuar contra las compañías que ofrecieran sus servicios por debajo de la misma. Se actualizaría trimestralmente, en función de la evolución del precio del gasóleo.
Según el último indicador del observatorio de costes, la tarifa normal del sector para un vehículo tipo era de 1,12 euros por kilómetro. Por tanto, toda empresa que ofreciera sus servicios por debajo de ese precio podría ser sancionada.