El plan contra la crisis

Las medidas para implantar un nuevo modelo de desarrollo, anunciado por el presidente del Gobierno en su investidura, son las que nos podrán salvar de la crisis y, por ello, deben ser tomadas ya, pues sus efectos sólo se producirán a medio plazo. Pasamos a analizar el paquete de medidas aprobado por el Gobierno, que no servirá para sacarnos de la crisis, sino para amortiguar, en algunos casos, sus efectos. El análisis lo vamos a efectuar agrupando las medidas en función del beneficiario, y poniendo de manifiesto sus efectos económicos y su coste, separando las correspondientes a 2008 y 2009.

Las familias serán beneficiarias de las siguientes medidas en 2008:

Deducción fiscal de 400 euros en el IRPF, que empezará a aplicarse en las nóminas de junio, con un coste fiscal de 6.000 millones de euros. Sólo beneficia a las personas que tributen por renta, por tanto quedan sin dicho beneficio los que tengan ingresos anuales inferiores a 12.000 euros. Desde el punto de vista de la equidad tal medida no es admisible, pues los que menos renta tienen quedan excluidos. Y desde el punto de la eficiencia, aunque tiene efecto sobre el consumo, al no ser aplicable a los de menor renta, proporcionalmente su efecto será menor, ya que a medida que aumenta la renta la propensión a consumir es menor.

Las medidas del Gobierno, que aumentarán el déficit, deberán ser compensadas con la bajada en créditos del presupuesto de gastos

Plan de recolocación de parados, especialmente los procedentes del sector de la construcción. Incluye la contratación de 1.500 orientadores profesionales para aconsejar a los parados su recolocación, teniendo también a su cargo realizar prospecciones cerca de las empresas, para localizar las necesidades de empleo en cada sector.

Los trabajadores en paro podrán percibir una ayuda económica de 350 euros al mes durante un máximo de tres meses, con el objetivo de facilitar su reciclaje profesional, siempre que el interesado no sea beneficiario previo de prestaciones por desempleo o que carezca de rentas superiores a los 587 euros mensuales.

Supongo que el Ministerio de Trabajo no continuará con el autoengaño de borrar de las listas de parados a los que cobran tal ayuda basándose en que asisten a cursos de reciclaje profesional, ya que va en contra de lo establecido en los artículos 23 y 208 del texto refundido de la Ley de Seguridad Social. Desde el punto de vista de la equidad la medida es lógica, y desde el punto de vista de la eficiencia es buena, ya que tendrá efecto sobre el consumo, y durando sólo tres meses no desincentivará la búsqueda de empleo. El coste de esta medida se estima en 201 millones de euros, que considero deben ser pagados con cargo al Presupuesto del Estado y no con fondos de la Seguridad Social.

Ampliación del plazo de duración de las hipotecas de primera vivienda. Se suprimen los gastos fiscales que tal operación comporte. La ampliación del plazo por las entidades financieras quedará sujeta a la negociación que se lleve a cabo y los aranceles de registradores y notarios y las comisiones bancarias quedan supeditados a la negociación del Gobierno con los perceptores. Los beneficiarios de tal medida serían las familias, siempre y cuando el banco accediera a la ampliación del plazo y no diera lugar a los gastos de comisión y aranceles señalados. La ampliación del plazo, si la entidad crediticia lo concede, daría mayor seguridad a las familias contra el riesgo de pérdida de la vivienda.

Las empresas serán beneficiarias de las siguientes medidas en 2008:

Incremento de 2.000 millones de euros de los avales del ICO para la titulización de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda protegida. Trata de reactivar el sector inmobiliario siempre y cuando no se trate de viviendas en stock, ya que si son viviendas ya construidas el efecto sólo será aumentar la liquidez de las inmobiliarias, trasladando el riesgo al ICO.

Incremento de 2.000 millones de euros de los avales del Tesoro para la titulización de créditos a pymes. Su efecto es aumentar la liquidez de las pymes, debido a las restricciones crediticias de las entidades financieras, trasladando el riesgo al Tesoro.

Incentivos fiscales a la rehabilitación de edificios a través de la recuperación del IVA soportado; cuando se trate de una comunidad de vecinos se beneficiarán también de la deducción por inversión en vivienda habitual prevista en el IRPF. La finalidad de esta medida es reactivar el sector de la construcción, que dará lugar a que no se destruya tanto empleo.

Aceleración de la ejecución de las obras públicas con la finalidad de reactivar urgentemente el sector de la construcción, sin que de momento se hayan habilitado créditos suplementarios o extraordinarios. Me extraña que no se haya utilizado el sistema de contratación de obra bajo la modalidad de abono total del precio, que permite construir infraestructuras a través de financiación privada, que es conforme con la decisión de Eurostat de febrero de 1997, que establece que la Administración contabilizará el activo recibido en el momento en que se produce el traspaso de propiedad de la infraestructura, como formación bruta de capital fijo, y es en ese momento cuando se produce la incidencia sobre el déficit público. Este método fue utilizado ampliamente cuando para conseguir el ingreso de España en la Unión Monetaria hubo que reducir los créditos de inversiones del Presupuesto de 1997 en 146.600 millones de pesetas con respecto a 1996 y se quiso mantener el nivel de la inversión en infraestructuras de ejercicios anteriores.

No residentes. Se eliminan las retenciones sobre los intereses de la deuda pública y otros instrumentos de renta fija, con el fin de atraer la inversión exterior, que en los últimos años ha ido desapareciendo.

El plan de medidas contra la desaceleración contiene también las que tendrán sus efectos en 2009:

Se suprime el impuesto sobre el patrimonio con efectos desde el 1 de enero de 2008; el año próximo no habrá que hacer declaración ni efectuar ingreso alguno. Efecto positivo sobre el ahorro de las familias que se estima en 1.800 millones de euros, que el Estado deberá compensar a las comunidades autónomas. De no crearse nuevos impuestos daría lugar a un aumento de la necesidad de financiación del Estado por dicho importe.

La devolución del IVA a las empresas se efectuará mensualmente, estimándose que dará lugar a un aumento de la liquidez de las empresas de 6.000 millones de euros en relación con el procedimiento actual.

La fuerte caída del producto interior bruto, desde el 3,8% del pasado año al 1,8% previsto por el Fondo Monetario Internacional, dará lugar a una fuerte caída de los ingresos y a un aumento de la prestación de desempleo, el superávit previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2008, en la parte concerniente al Estado, desaparecerá totalmente y se convertirá en déficit. En consecuencia, creemos que las medidas analizadas, que van a producir un aumento del déficit en el Presupuesto de 2008, deberán ser compensadas con bajada en créditos del presupuesto de gastos; ésta es también la opinión de la Comisión Europea, con el objetivo de mantener la estabilidad presupuestaria.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid