Los municipios piden a las comunidades que congelen el precio de la vivienda protegida
El presidente de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, pidió ayer a los respectivos Gobiernos regionales que no suban el precio básico para la construcción de vivienda protegida (el denominado módulo), con el ánimo de favorecer el acceso al mayor número posible de beneficiarios a pisos de protección oficial.
'Se trata de acercar la demanda a la oferta de forma que colectivos como los jóvenes tengan un mejor acceso a la VPO; si las comunidades suben su precio al límite permitido por la ley estatal estamos perjudicando esta senda', dijo en una conferencia pronunciada en el Foro de la Nueva Economía.
Madrid, ha sido la última comunidad que ha anunciado una subida, del 12% en el citado módulo, atendiendo a las demandas de los promotores para hacerles rentable este tipo de construcción.
La petición de Castro se produce pocos días después de que la FEMP haya suscrito acuerdos con varias asociaciones de promotores, entre ellos la APCE, para la promoción de suelo municipal para VPO. 'Si hace unos días los promotores estaban satisfechos con los precios del módulo, no entiendo por qué ahora se les quiere beneficiar más', dijo, en clara alusión a la decisión del gobierno madrileño.
Castro tiene la intención de reunirse con todos los presidentes autonómicos, para reactivar la VPO, dentro del nuevo plan nacional que impulsará del Ministerio de Vivienda, que busca el inicio de 150.000 viviendas protegidas al año. Según Castro el próximo lunes iniciará los contactos con una reunión con el presidente Canario.
Financiación 'suficiente'
En el mismo Foro, el presidente de la FEMP reivindicó una 'financiación suficiente' para los entes locales, objetivo que espera sea cumplido con la reforma del sistema de financiación local que se producirá este año, junto a la de la financiación autonómica.
Castro recordó que los municipios prestan 'servicios impropios' (no les corresponden por ley) que absorben un 30% de su presupuesto, equivalentes a unos 6.000 millones de euros al año. Por ello, reclamó al Ejecutivo central que en la nueva ley de Financiación de las Haciendas Locales y en la del Gobierno Local, también pendiente de tramitación, se delimiten con rigor las competencias de cada una de las tres administraciones, sobre todo la de los ayuntamientos. Castro indicó que un aumento de recursos para los entes locales no pasa necesariamente por un incremento de los impuestos sino por una mayor capacidad de gestión de los mismos.