Guggenheim Bilbao lleva al juzgado a un directivo
El Museo Guggenheim Bilbao ha decidido aplicar el bisturí para erradicar las prácticas que han permitido a uno de sus directivos realizar irregularidades en materia contable y financiera. La pinacoteca bilbaína anunció ayer el despido del director de administración y finanzas, Roberto Cearsolo Barrenetxea, quien reconoció haberse apropiado de 486.000 euros y de haber utilizado la firma de terceros, en este caso la del director gerente del Museo, Juan Ignacio Vidarte, para materializar los desvíos.
La calificación de la actuación del hasta ahora responsable financiero se extenderá a los juzgados. Juan Ignacio Vidarte, hizo público el documento que hizo llegar ayer al Juzgado de Instrucción de Bilbao para que se inicien las diligencias 'para el mejor esclarecimiento de los hechos los realizados por Cearsolo'.
Los hechos, según reconoce el propio ex directivo, tienen como protagonistas a la sociedad Inmobiliaria Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, titular de los activos inmobiliarios de Museo Guggenheim Bilbao propietaria, fundamentalmente, del edificio creado por Frank Gehry y cuyos accionistas son el Gobierno vasco, la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Bilbao. También a Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, sociedad patrimonial dedicada a la adquisición y tenencia de las obras de arte pertenecientes a la colección propia de la pinacoteca bilbaína. Esta sociedad, controlada por el Ejecutivo de Vitoria y la Diputación de Vizcaya, ha manejado fondos de 90 millones.
Las sociedades utilizadas para la trama han manejado 90 millones de euros
A través de estas dos compañías, gestionadas por él pero cuyo apoderado es Juan Ignacio Vidarte, Cearsolo articuló la trama desde 1998, un año después de abrirse al público el museo bilbaíno tras una inversión de 120 millones de euros, y hasta 2005. En ese periodo utilizó transferencias bancarias en unas ocasiones y, en otras, cheques bancarios. En este último caso, procedió a firmar los cheques 'como si fuera la persona autorizada', según reconoce el hasta ayer alto directivo del Museo Guggenheim Bilbao. Añade en su declaración que igualmente alteró las cuentas anuales de 2005, 'el balance de situación obrante en el acta del consejo de 2005, los libros diario y mayor de dicho ejercicio y un extracto de la BBK con el saldo a 31 de diciembre de 2005'.
El asunto judicial tiene recorrido. Cearsolo, cuyo sueldo anual bruto ascendía a 69.000 euros, ha contratado a uno de los penalistas de referencia en Bilbao, Javier Beramendi, para que le lleve el caso. El museo, por su parte, a una de las abogadas del bufete Uría & Menéndez en la capital vizcaína.
Falsedad en documento
Fuentes jurídicas aseguran que la actuación de Cearsolo, tipificada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podría suponer una falsedad 'clara' en documento mercantil que conlleva penas de entre seis meses y tres años. Añaden que la cuantía de lo apropiado y una actuación reiterada se consideran agravantes. No obstante, estos medios sostienen que la restitución del dinero puede considerarse como un atenuante. Cearsolo ha reintegrado ya un total de 287.000 euros de los 486.000 apropiados. El saldo restante, unos 199.000 euros, se ha comprometido a abonarlo en los próximos tres meses.
Juan Ignacio Vidarte, arropado por el equipo directivo del Museo, pidió perdón por la actuación del hasta ahora director de administración y finanzas. Aseguró que, a pesar del control interno y de las auditorías realizadas, la 'alteración' de los estados financieros y contables por parte de Cearsolo impedían descubrir las apropiaciones y aseguró que la Fundación 'no se resentirá'.
Una baja laboral destapa la falsedad del ejecutivo
La labor fiscalizadora del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha servido de ariete para que se hagan públicas las irregularidades contables y financieras en las sociedades controladas por la Fundación Museo Guggenheim Bilbao. Sin embargo, la baja por enfermedad solicitada el pasado 2 de abril por Roberto Cearsolo aceleró el proceso.El TVCP ha ido solicitando en varias ocasiones documentación para evaluar la actuación de los gestores de esta institución. Esta estrategia se vio garantizada cuando desde el Parlamento vasco se solicitó que se auditara la compra de dólares desde 2002 a 2005 para pagar la compra de arte. Estas operaciones, con un coste de seis millones de euros, se aplicaron en balance como un mayor aumento del inmovilizado, un capítulo que el Tribunal corrigió y colocó en el de pérdidas. Estas operaciones fueron realizadas por Cearsolo, aunque Vidarte desligó esta actuación de la denuncia presentada en el juzgado.Con Cearsolo de baja se han ido conociendo las irregularidades. Por si pudieran ser de mayor calado, el Museo ha encargado un auditoría externa y se está a la espera de un nuevo informe del TVCP.