Vivienda. Corredor tratará de frenar el duro ajuste inmobiliario con más alquiler y VPO
Mucho se había especulado en las últimas semanas sobre la continuidad del Ministerio de Vivienda como cartera independiente. Finalmente ha pesado más la necesidad de atajar la actual crisis inmobiliaria y una de las apuestas de José Luis Rodríguez Zapatero en la anterior legislatura tendrá continuidad los próximos cuatros años.
Trabajo no le va a faltar al Ministerio. Su nueva titular, la hasta ahora portavoz de Vivienda del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Beatriz Corredor, se enfrenta al reto de atajar la que ya ha sido calificada como la mayor crisis inmobiliaria de la historia reciente de España. Las previsiones más optimistas vaticinan que pasar de construir más de 800.000 casas anuales a menos de 300.000 este ejercicio puede traducirse en una pérdida de hasta 700.000 empleos hasta 2009 y restará hasta un punto y medio al crecimiento del PIB.
Además de aplicar la reciente reforma del Plan de Vivienda 2005-2008 impulsada por su predecesora, Carme Chacón, la nueva titular de este Departamento deberá preparar las líneas maestras de un nuevo programa cuatrienal, cuyas bases serán la construcción de 150.000 viviendas protegidas (VPO) al año, la apuesta por el alquiler y un agresivo paquete de ayudas a la rehabilitación.
En este sentido, entre los primeros compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno en el debate de investidura está la convocatoria de una conferencia sectoral con las comunidades para llegar a acuerdos que aumenten la edificación de esas 150.000 VPO. Si se logra alcanzar esa cifra, se romperá con el récord registrado el pasado ejercicio, cuando se iniciaron en torno a 95.000 casas protegidas, más del doble de las apenas 45.000 que se edificaron en los años del boom.
Además de las reformas en materia de alquileres o rehabilitación, Corredor, con 14 años de experiencia como registradora de la propiedad, tiene entre sus prioridades culminar el reglamento de la Ley de Suelo, cuya aplicación, según los promotores, ha puesto en serios aprietos a muchas empresas. Las constructoras reclaman que se clarifiquen los nuevos criterios de valoración de los terrenos y se eviten situaciones que generen inseguridad jurídica.