El comercio madrileño alerta de que la libertad de horarios eliminará 100.000 empleos
La Confederación de Comercios Especializados (COCEM) y la Confederación Española de Comercio (CEC) alertaron hoy de que el proyecto de Ley de Modernización del Comercios, que pretende sacar adelante la Comunidad de Madrid y que contempla la posibilidad de dar libertad a los comerciantes para que elijan el horario de apertura y cierre, podría provocar la pérdida de 100.000 puestos en la región.
Además, advirtieron de que si el Gobierno regional aprueba finalmente este proyecto tomarán una serie de medidas entre las que destaca pedir la dimisión del presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano, ya que consideran que no ha defendido los intereses de los pequeños comerciantes.
La Comunidad de Madrid anunció la semana pasada que está estudiando aprobar un proyecto de Ley que, entre otras cosas, baraja la posibilidad de que no existan las limitaciones horarias máximas actuales que se establecían para el ejercicio de la actividad comercial, tanto con carácter semanal (máximo de 90 horas), como diario (cierre entre 00.00 horas y 7.00 horas, y 12 horas de apertura máxima los días festivos), haciendo uso de las atribuciones reconocidas por la legislación básica estatal en materia de horarios comerciales.
La normativa ha levantado ampollas entre los pequeños empresarios que entienden que es una Ley que devuelve al comercio a la situación por la que atravesaba hace 100 años y que esclavizará tanto al dueño del negocio como a sus trabajadores. Además, piensan que detrás de ella se encuentra la intención de abrir todos los domingos y festivos del año en 2009, en lugar de los 22 establecidos actualmente.
En rueda de prensa, el presidente de la COCEM, Hilario Alfaro, explicó que con este borrado el Ejecutivo autonómico "no logrará crear ni un solo puesto de trabajo", sino que eliminará más de 100.000.
Por su parte, el presidente de la CEC, Pedro Llorens, mantuvo que esta normativa solo beneficia a las grandes superficies "que se llevan el dinero a su país", en lugar de facilitar la labor de los pequeños comercios que crean empleo y riqueza para la región.