La hoja de ruta de la legislatura
La situación económica actual, pero también la necesidad de afrontar reformas de calado a medio plazo justifican sobradamente el peso que los temas económicos cobraron ayer en el debate de investidura. Hay que celebrar, en este sentido, el anuncio de José Luis Rodríguez Zapatero de que el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno abordará un plan para combatir la desaceleración económica y, en especial, el frenado en la construcción. Igualmente, hay que celebrar la batería de medidas que planea aplicar los próximos cuatro años con el fin de aumentar la competitividad del tejido productivo. Pero, sobre todo, es esperanzadora la voluntad de realizarlas de forma pactada, para lo cual ofreció ayer acuerdos políticos con el arco parlamentario al completo y la negociación con los agentes sociales de un 'gran acuerdo económico y social'. El diálogo siempre es plausible, y más especialmente cuando tiene como meta reformas de envergadura.
La España que quiere Zapatero -'un país próspero y decente, que distribuye con equilibrio la riqueza que genera'- debe asegurar la igualdad de oportunidades sin discriminaciones; la conciliación de la vida laboral y familiar; el avance en las políticas sociales; más infraestructuras; mejores sistemas de educación y sanidad, servicios públicos más ágiles y eficientes o un entorno medioambiental sostenible. Esa no sólo es la España que quiere Zapatero, es la que quiere la mayoría de los españoles. En definitiva, la mejora de las condiciones de vida es la aspiración de los ciudadanos y la obligación de todo Gobierno.
Sin embargo, el contexto económico ha cambiado. El propio presidente en funciones reconoció que durante la primera mitad de la legislatura la economía se seguirá desacelerando; en otras palabras, será más débil y creará menos empleo. Aunque, según su diagnóstico, se trata de un escenario transitorio, el futuro presidente garantizó que se afrontará la debilidad económica con mayor gasto público, pero manteniendo las actuales prestaciones sociales y sin subir los impuestos. Incluso dejó la puerta abierta a bajadas de impuestos si las condiciones del ciclo lo permiten. Quizá sea éste un círculo difícil de completar.
Lo primero que hay que despejar es el calado real de la caída de la actividad en España y su repercusión sobre las cuentas públicas. Obviamente, los ingresos fiscales se van a recortar y, previsiblemente, aumentarán los gastos por el pago del desempleo. Es decir, el margen se va a estrechar y ello complicará el cumplimiento de todas las previsiones del discurso de Zapatero. Ojalá no sea así y la economía española genere fondos para satisfacer todas sus necesidades. Pero en este escenario el sentido común aconseja prudencia y, sobre todo, una buena gestión de los fondos públicos.
En el extenso discurso de Rodríguez Zapatero, plagado de medidas y de proyectos, gran parte de los cuales están marcados por la economía, se echaron de menos referencias más directas a los emprendedores. Las que hubo fueron indirectas, indefinidas e insuficientes. Y esa ha sido una notable carencia. En definitiva, el reparto de la riqueza exige primero que se cree, y ese es un papel que en las sociedades modernas corresponde en gran medida a los empresarios.