Iberdrola pide al juez que active las cautelares a EDF

Iberdrola ha redoblado su argumentación jurídica para que EDF desvele públicamente sus planes sobre la eléctrica vasca y cumpla el auto del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Bilbao. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán presentó ayer un escrito en el que pide la ejecución forzosa, en el plazo máximo de cinco días, de las medidas cautelares y considera que EDF, de no hacerlo, debería ser apercibida por el juez, Edorta Etxaerandio, porque podría incurrir en 'un delito de desobediencia grave tipificado en el artículo 556 del Código Penal'.

Los supuestos contemplados en el artículo 556 del Código Penal pueden fijar penas 'de entre seis meses y un año de prisión para los que se resistieran a la autoridad o sus agentes o les desobedecieran gravemente'. En este caso, Iberdrola considera que el presidente de EDF, Pierre Gadonneix, debería acudir al juzgado si dejase expirar el plazo para aplicar las medidas cautelares.

El informe presentado ayer por Iberdrola tiene su origen en la argumentación de la compañía francesa que alegó, para no cumplir el auto, que el magistrado español no es competente para resolver sobre este asunto y solicitó una un declinatoria de competencia internacional. Ahora, la eléctrica vasca tras recibir el escrito, ha afinado la puntería.

Iberdrola se apoya de nuevo en la falta de transparencia 'con la que EDF está actuando' y que ha sido confirmada 'con el incumplimiento de lo ordenado por el Juzgado'. Abunda en el tema y solicita que de mantenerse la 'desobediencia' se impongan multas coercitivas mensuales de entre 12 y 76 millones.