Cuidado con los planes cosméticos
La economía, tanto la española como la del resto del mundo, se está desgastando a ritmos mayores de lo que cabría pensar hace tan sólo unos meses. Las señales de que finalmente Estados Unidos entrará en recesión son cada vez más claras, al igual que las perspectivas de que esta situación se alargará hasta el año que viene como mínimo. Ante tal entorno, es evidente que los países deben prepararse para afrontar el nuevo escenario y paliar sus efectos negativos en la medida de lo posible. Y España no es una excepción.
Queda patente que la economía es la primera encomienda que tiene que afrontar el nuevo Gobierno que se formará en los próximos días tras la sesión de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero. Y no hay un minuto que perder, porque aunque no se haya entrado ni de lejos en una situación de pánico -pese a que haya quien se empeñe en transmitir esa sensación-, el parón que genera todo proceso electoral debe cerrarse a la mayor brevedad. Es preciso que los agentes sociales y la ciudadanía en general tengan la certeza de que el Ejecutivo no va a perder el tiempo y que tiene ideas y recursos para lograr que la economía española salga del bache. De ahí la necesidad de que el primer Consejo de Ministros de la nueva legislatura apruebe un paquete con medidas de reactivación. Es más, Zapatero no puede desaprovechar, de hecho no lo va a hacer, la oportunidad de avanzarlas en el debate de mañana en su discurso de investidura.
Si la forma y la premura de la presentación de las medidas son importantes, más lo es el contenido. El plan tiene que cumplir una doble función. Por un lado, cubrir objetivos a corto plazo, con la finalidad de devolver la confianza al mercado y a los consumidores. Las medidas deben favorecer el acceso a créditos razonables principalmente a las pymes, así como intentar que se alivie la sequía del crédito en los grandes circuitos, para que las grandes empresas puedan empezar a contar con margen de maniobra para nuevas inversiones. Con el fin de impulsar la actividad constructora, serían convenientes fórmulas más keynesianas, como el adelanto de obra pública o el incentivo de la VPO. Pero cualquier medida tiene que cumplir, de forma escrupulosa, la exigencia de que tengan un efecto multiplicador para la economía. Se trata de invertir los fondos públicos de forma responsable sin dilapidar el margen fiscal de un superávit notable en estos momentos, pero que irá menguando a medida que avance la desaceleración.
Si es imprescindible frenar la caída de actividad lo antes posible, no lo es menos aprovechar el viaje para afrontar los males de fondo, los estructurales, que arrastra la economía española. Por ello, el segundo objetivo de las medidas que ha de aprobar el Ejecutivo debe ser pensando en el medio y largo plazo. En este sentido, sobre la mesa siguen problemas tan serios como la altísima inflación o la baja productividad, en parte motivada por el modelo de crecimiento basado en sectores como la construcción. Apostar decididamente por la I+D, apoyar una formación de mayor calidad o vigilar de cerca los excesos en materia de precios son medidas irrenunciables. El Ejecutivo, pues, debe ponerse ya manos a la obra y huir de planes cosméticos.