Cataluña impondrá a una promotora la primera sanción por malgastar agua
Las Administraciones catalanas están imponiendo ya las primeras medidas para evitar el derroche de agua, aprobadas por la Generalitat. El consistorio de Sant Cugat abrió ayer un expediente sancionador a una promotora por su mal uso.
La peor sequía que vive Cataluña en los últimos cincuenta años ha obligado a imponer las primeras medidas de control para atajar el despilfarro de agua. El ayuntamiento de la localidad de Sant Cugat ha abierto el primer expediente sancionador en Cataluña a una promotora de Valldoreix por un mal uso del agua potable, lo que implica incumplir el decreto de la Generalitat que prohíbe regar jardines y llenar piscinas con agua de boca.
El consistorio optó por esta resolución después de que una vecina denunciara que la promotora (cuya identidad no ha querido revelar el Ayuntamiento de Sant Cugat) había llenado una piscina particular con agua potable con cuatro grifos. La infracción se produjo el pasado día 13 de marzo y afectó a una piscina comunitaria de una promoción formada por 18 viviendas unifamiliares. La cuantía de la sanción será determinada por la Entidad Metropolitana de Medio Ambiente (EMMA), que engloba a 33 municipios de la provincia de Barcelona. Las sanciones por mal uso del agua oscilan entre los 30 euros de las sanciones leves (el lavado del coche en la vía pública) hasta los 3.000 de las graves (por llenar grandes piscinas o para regar jardines de más de 3.000 metros cuadrados).
Desde ayer los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona pueden sancionar a ciudadanos, empresas o instituciones que utilicen agua potable para regar jardines, lavar coches o llenar piscinas.
La situación de sequía que padece Cataluña, principalmente en la provincia de Barcelona, ha sido objeto de polémica entre la Generalitat y el Ejecutivo. También ha causado discrepancias entre el gobierno de José Montilla y el de Marcelino Iglesias. El principal motivo de controversia es que la Generalitat quiere que se lleve a cabo un trasvase temporal del río Segre (afluente del Ebro) al Llobregat, del que se abastece mayoritariamente Barcelona. La medida cuenta con la oposición del Ejecutivo y del gobierno de Aragón. El presidente de esta comunidad autónoma, Marcelino Iglesias, alegó que su Estatuto de Autonomía 'nos exige que luchemos contra los trasvases'. No obstante, aseguró que no quiere 'que nadie se quede sin agua para beber, ni en Cataluña, ni en Valencia ni en ningún sitio'. Iglesias señaló que ya ha manifestado su negativa a Montilla. La postura del presidente de Aragón es compartida también por todos los partidos políticos aragoneses
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente catalán, Francesc Baltasar, defendió de nuevo ayer su propuesta de trasvase temporal de agua del Segre a Barcelona. Baltasar se mostró convencido de que podrá 'persuadir' al nuevo gobierno español de la necesidad de continuar adelante con su proyecto después que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, le expresara ayer sus 'reticencias', tras mantener una conversación telefónica.
Baltasar apuntó que no trabaja 'con la hipótesis de que el nuevo gobierno no apruebe la medida' y se propuso 'fortalecer' los argumentos de la Generalitat para obtener una respuesta afirmativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según Efe, durante la misma conversación telefónica Narbona sugirió a la Generalitat catalana que busque soluciones alternativas al trasvase de agua, como la posibilidad de comprar derechos de uso del agua a los agricultores. La ministra recordó que esta fórmula ha demostrado su eficacia en diferentes cuencas para afrontar situaciones de escasez de agua.