Iberdrola denuncia a Francia por ayudas a EDF

Iberdrola ha presentado una nueva denuncia ante Bruselas contra el Estado francés por entender que puede haber dado ayudas ilegales a las empresas energéticas galas a través del régimen especial de jubilación del sector. EDF habría recibido por esta vía más de 5.000 millones.

Iberdrola ha dado un paso más en su estrategia de defensa ante una posible operación corporativa de la eléctrica francesa EDF. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ha optado de nuevo por recurrir a la Comisión Europea para tratar de poner las actividades de la energética gala bajo el foco de las autoridades comunitarias de competencia.

En esta ocasión, Iberdrola ha denunciado ante Bruselas al Estado francés al entender que ha violado los artículos 87 y 88 del Tratado de la UE, relativos a las ayudas de Estado. Según sus estimaciones, Francia habría beneficiado con más de 5.000 millones de euros a EDF.

Lo que la compañía española pone en duda es el régimen especial de pensiones del que disfrutan los trabajadores del sector eléctrico y del gas en Francia, al que se acogen los empleados de EDF y Gaz de France, por ejemplo. Este sistema entró en vigor en 2005, en el marco de los cambios que afectaron a las empresas estatales francesas de energía, que pasaron de ser organismos públicos a convertirse en sociedades mercantiles. Un proceso que obligó a las compañías a asumir todos los compromisos por pensiones de sus empleados con la Seguridad Social.

Neutralidad financiera

En su momento, Bruselas dio luz verde a la transformación de este sistema de pensiones y jubilación, ya que el Gobierno galo se comprometió a que la transferencia de un modelo a otro sería financieramente neutra. Iberdrola considera, sin embargo, que esto no se ha cumplido y que las empresas afectadas no han aportado todo el dinero al que estaban obligadas. 'No han capitalizado el montante total de pensiones que deberían', señalaron desde la empresa, lo que en el caso de EDF, que supone el 80% de este sistema, le habría ahorrado unos 5.000 millones.

Las pensiones de los trabajadores del sector de la electricidad y el gas en Francia son gestionadas a través de la CNIEG, un organismo específico puesto en marcha por las empresas del sector con la supervisión del Gobierno. Sus obligaciones son financiadas por varias vías: los derechos generales de los trabajadores quedan garantizados por el sistema general de pensiones que existe en Francia para los empleados del sector privado (CNAV) y por los sistemas complementarios para directivos (AGIRC y ARRCO); mientras que los derechos específicos de los que gozan los empleados del sector son financiados por las propias empresas.

Hay una tercera vía más de financiación en este régimen especial de pensiones: un porcentaje de la tarifa que pagan los operadores por usar las redes de gas y electricidad francesas. En teoría, y según la normativa francesa, el impacto final de este recargo sobre las tarifas de acceso a las redes debería ser cero para evitar el riesgo de, al final, se trasladara a la factura de los ciudadanos.

Iberdrola quiere que Bruselas compruebe este último aspecto así como, en general, el alcance de las posibles ayudas de Estado al sector de las electricidad y el gas en Francia a través de su régimen especial de pensiones. Y para eso pide a la Comisión que utilice 'los poderes y prerrogativas de que dispone' y aproveche que está 'en mejor posición para obtener la información apropiada'.

La denuncia de Iberdrola es la cuarta iniciativa que adopta a nivel europeo desde que EDF desveló su interés por la española. A finales de febrero, la compañía ya denunció a Francia ante Bruselas por lo que considera un blindaje ilegal de EDF. Además, se ha personado en el expediente abierto por la Comisión Europea a la eléctrica gala por abuso de posición de dominio y ha solicitado intervenir en apoyo de las autoridades comunitarias en otro procedimiento por ayudas de Estado a EDF.

Unicaja vende acciones del grupo por 42,4 millones

Unicaja ha vendido cuatro millones de acciones de Iberdrola en tres operaciones realizadas entre el 12 y el 14 de marzo con un valor conjunto de 42,4 millones de euros, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La caja andaluza, que controlaba a finales de 2007 un 1,8% de la eléctrica, ha vendido en este movimiento un 0,08% del capital de la compañía. Las desinversiones se realizaron en bloques de 500.000, 1,7 millones y 1,8 millones de acciones cada uno, a un precio unitario de entre 10,57 y 10,66 euros. Fuentes de Unicaja indicaron a Europa Press que esta operación 'no altera el carácter estable de la participación' de la caja en el grupo que preside Ignacio Sánchez Galán. La venta se realizó a través del presidente de Unicaja, Braulio Medel, que forma parte del consejo de administración de la eléctrica y que posee 40.448 acciones de la compañía a título personal, cuyo precio de mercado asciende a 421.872 euros. ACS, con un 12,4%, es el principal accionista de la eléctrica vasca, por delante de BBK (que controla un 7,74%) y Bancaja (6,03%).

La filial griega Rokas gana un 27% menos por gastos extraordinarios

Rokas, filial griega de Iberdrola, cerró 2007 con un beneficio neto atribuido de 11,6 millones de euros, lo que supone un descenso del 27,6% respecto al ejercicio anterior. La empresa atribuyó la evolución negativa a los gastos extraordinarios que se registraron en el periodo, con un desembolso de 1,3 millones para reorganización, y ajustes de inventario por valor de 1 millón. El beneficio bruto de explotación de la sociedad retrocedió un 28%, hasta los 23 millones, mientras que el resultado operativo se situó en los 14,2 millones, un 39% menos que en 2006. Los márgenes brutos también sufrieron un recorte por la mayor competencia en el sector. Los niveles de facturación de Rokas también fueron inferiores a los registrados en 2006. Así, las ventas de la empresa se situaron los 44,7 millones, con un retroceso del 11%, debido a una peor evolución tanto del negocio electromecánico del grupo como del energético. En este último caso, la facturación cayó un 3,7%, hasta los 38,1 millones, por la menor actividad eólica registrada en el año, frente a la evolución excepcionalmente buena que se dio en 2006.