El gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, dimite, forzado por un escándalo sexual
Eliot Spitzer, 48 años, ex fiscal general de Nueva York y azote de los excesos, la corrupción y los delitos de cuello blanco de Wall Street, dimitó ayer como gobernador de Nueva York. Spitzer, que había ganado con contundencia las elecciones 16 meses antes, abandona el cargo tras hacerse público que era cliente de un burdel.
Spitzer anunció su dimisión en un acto acompañado de su esposa Silda Wall, asegurando que el remordimiento 'vivirá siempre conmigo'. En su declaración, el gobernador, pidió disculpas por 'no haber estado a la altura de lo que se esperaba de mi'. Su puesto será ocupado por el teniente del gobernador, David Paterson, quien será el primer gobernador negro del Estado.
La historia del ascenso y la caída en desgracia de Spitzer está dominando el panorama informativo de EE UU por el alto perfil de Spitzer y la reputación que se había labrado como inflexible brazo de la justicia siendo fiscal. Para los americanos resulta difícil asociar su figura a la historia de la que es protagonista.
Esta narración comienza con las sospechas de una unidad de Hacienda sobre movimientos de dinero de un alto cargo del Gobierno de Nueva York sobre las que un banco había tenido sospechas. Esos movimientos correspondían a los pagos a sociedades fantasma que recibían el dinero por los servicios de las prostitutas.
Máxima vigilancia
Los bancos vigilan las transacciones de personas 'con relevancia política' para detectar sobornos, lavado de dinero u otros delitos. El banco de Spitzer detectó estos movimientos y tirando de ese hilo se llegó a la madeja del Emperor Club VIP, un burdel con servicios en varios países.
El último pago, de 4.300 dólares, que dio la pista final correspondía a los servicios de una prostituta que el gobernador hizo viajar a Washington desde Nueva York. Spitzer estaba en la capital para comparecer ante el Congreso el 14 de febrero.
Como fiscal, Spitzer persiguió redes de prostitución como en la que se ha visto involucrado y reforzó las leyes para penalizar la demanda. La hipocresía que ha acabado con la autoridad moral en la que ha cimentado su carrera política no es delito pero sus abogados tratan de que la fiscalía no le acuse por delitos ligados a la prostitución.