La UE impulsa la reclamación de indemnizaciones a los cárteles
Bruselas quiere impulsar la petición de daños y perjuicios contra las empresas que violan las normas de competencia, en especial, las implicadas en cárteles. Las empresas temen una avalancha de litigios al estilo estadounidense.
La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, ultima un Libro Blanco sobre cómo facilitar en Europa las reclamaciones de daños y perjuicios contra las empresas que infringen la ley. Bruselas cree que los sistemas legales de los 27 países de la UE presentan demasiados obstáculos para ese tipo de reclamaciones.
Entre las medidas que estudia la CE figura la obligación para las partes de revelar información sensible para el caso o la admisión como prueba de las decisiones de las autoridades de competencia.
La CE también sopesa la rebaja del grado de culpabilidad necesario para que se conceda una indemnización. Y la multiplicación automática por dos de los daños y perjuicios en los casos de cárteles horizontales (los que controlan todo el mercado de un producto o servicio).
Estas medidas completarían el endurecimiento de las sanciones que ha adoptado en los últimos años la comisaria Kroes. La CE cree que por muy elevadas que sean las multas, las empresas pueden sentirse tentadas a violar las normas de competencia porque el beneficio obtenido casi siempre supera en varios millones de euros a la posible multa.
El doble castigo, en cambio, expone a las empresas acusadas de participar en un cártel o de abuso de posición a la siempre incalculable petición de daños y perjuicios.
Las potenciales reclamaciones, según los expertos, pueden llegar de varios frentes: desde los clientes directos de las empresas que cometieron la acción ilegal, hasta los proveedores de esas mismas empresas.
Las patronales europeas temen que ese escenario aliente una avalancha de reclamaciones que, como ocurre en EE UU, a veces se limitan a intentar arrancar a la empresa denunciada un multimillonario acuerdo extrajudicial.
Kroes ha prometido que avanzará en la reforma con extrema cautela para evitar esa posibilidad. Pero las víctimas de los cárteles ya empiezan a organizarse.
La asociación Stop Cartel, con poco más de un año de vida, se ha convertido desde sus sedes en Atenas y Londres en pionera del combate contra carteles y monopolios.
Su presidente, George Cosmopoulos, explica en conversación telefónica que 'la legislación todavía no nos permite defender de manera colectiva a las víctimas en un caso de competencia, pero ya las apoyamos y les facilitamos todo nuestro asesoramiento legal'. En cartera tienen ya siete casos que afectan a empresas de toda Europa.
Clemencia
La pesadilla de las reclamaciones se añade al programa de clemencia ofrecido por la CE y replicado por autoridades como la Comisión de Competencia en España. Los miembros de un cártel se exponen a que uno de los compinches dé el chivatazo para acogerse a la inmunidad contra las multas.
El soplo, sin embargo, también puede desencadenar una batalla judicial. Es el caso de Deltafina, el productor de tabaco italiano, que en 2005 perdió la inmunidad por haber alertado, según la CE, al resto de implicados. 'Es un caso único e inexplicable y hemos impugnado la decisión', se defiende el presidente de la compañía Orlando Astuti. El ejecutivo asegura que gracias a Deltafina otros productores aceptaron colaborar con la CE, que así 'pudo cerrar la investigación rápida y fructíferamente'.
Demandas civiles también en España
La nueva Ley de Defensa de la Competencia abre la vía de denuncia paralela a la CNC y la justicia ordinaria y reconoce la posibilidad de que los ciudadanos acudan a los juzgados de lo mercantil cuando se sientan perjudicados por una conducta anticompetitiva sin esperar a que se produzca una decisión firme en la vía administrativa. El riesgo de este sistema es que la CNC y el juzgado que están conociendo de un mismo caso en procedimientos distintos puedan alcanzar conclusiones diferentes. Expertos como Antonio Guerra, del bufete Uría Menéndez advierten de que 'es necesario articular correctamente la aplicación paralela de las normas por parte de la CNC y los juzgados de lo mercantil para evitar, en primer lugar y en la medida de lo posible la adopción de decisiones diametralmente distintas que pudieran afectar a la seguridad jurídica y perjudicar el funcionamiento eficaz de otros programas novedosos, como los de clemencia'. Los expertos vaticinan que es muy probable que en los próximos años estas demandas tengan un auge importante en nuestro país como lo están teniendo en otros de la UE.