Reformas estructurales y pactos de Estado
La economía española, en clara desaceleración y con un entorno internacional que puede ir aún a peor, necesita urgentemente reformas estructurales que refuercen su competitividad. Entre las más urgentes que debería acometer el próximo Gobierno se encuentran las que tienen que ver con el marco regulatorio, el sistema fiscal, el mercado laboral y el sistema educativo. No es que sean las únicas, pues también sería necesario hacer frente a otras como, por ejemplo, las relativas a suelo y vivienda y al sistema de pensiones. Pero cualquier escenario de futuro debe contemplar con urgencia esas cuatro primeras áreas de actuación.
El marco institucional debe apoyarse en un entramado legal adecuado y, sobre todo, debe tener credibilidad, lo que exige independencia, transparencia y neutralidad. La calidad de la regulación, algo que ya se ha ido extendiendo por la UE, debería impregnar a nuestras Administraciones. La introducción en la regulación de principios como la necesidad, la eficacia, la proporcionalidad, la transparencia y consistencia o no contradicción, tendría que ir acompañada de un especial esfuerzo para evitar el creciente riesgo de ruptura de la unidad de mercado.
Es evidente que una buena estructura impositiva permite generar los incentivos adecuados promoviendo el ahorro, la inversión y el empleo. Uno de los principales problemas de la economía española es la insuficiencia de ahorro nacional, básicamente del sector privado; la excesiva dependencia del ahorro exterior puede ser una fuente de vulnerabilidad. Habría que diseñar un tratamiento fiscal más favorable al ahorro, reduciendo su fiscalidad, y eliminando el impuesto sobre el patrimonio. La evolución de nuestra pirámide de población aconseja además una mejora del tratamiento fiscal del ahorro a medio y largo plazo y, en especial, de los planes de pensiones.
Fomentar la inversión es esencial para mejorar la competitividad de la economía. En España, los problemas en este ámbito tienen que ver con la concentración de la inversión en un sector específico, la construcción, y con el insuficiente atractivo para la inversión extranjera directa, dados los elevados tipos del impuesto de sociedades, que habría que reducir. Y para fomentar la mejora de la competitividad deben incentivarse las inversiones en I+D+i. Por último, la fiscalidad sobre el trabajo en España permanece en niveles superiores a los de otros países europeos. Aquí deberían seguir reduciéndose los tramos impositivos, tanto de los tipos máximos como de los mínimos.
En cuanto al mercado laboral, su regulación debería enfocarse a facilitar la adopción de formas de organización más flexibles por las empresas, que es la mejor vía para impulsar la creación de empleo. Una de sus rigideces importantes está en el sistema de negociación colectiva que no permite a las empresas la flexibilidad necesaria para adecuarse a las condiciones individuales a que se enfrentan. También resulta especialmente conveniente un impulso a una figura poco potenciada: la contratación a tiempo parcial, que permitiría cumplir, además, con las exigencias de la conciliación profesional y personal.
Si hay algo esencial para el futuro de un país es la educación. En la enseñanza obligatoria los objetivos deberían ser el desarrollo de las capacidades de los alumnos para adquirir y procesar información (comprensión lectora) así como elaborar, expresar y aplicar los conocimientos adquiridos, analizar y resolver problemas (lenguaje matemático) y adquirir habilidades en lenguas extranjeras (fundamentalmente inglés).
Por lo que respecta a la formación profesional, que habría que dignificar, los objetivos también deberían orientarse al desarrollo de capacidades más amplias, como manejo de la tecnología, comunicación oral y escrita en lengua materna y en lenguas extranjeras (de nuevo el inglés), trabajo en equipo, etcétera. Por último, hay que crear las condiciones para que se desarrolle una universidad de calidad y para ello sería conveniente que las universidades modificaran su actual modelo de organización aplicando principios de transparencia, responsabilidad y autonomía, e introduciendo elementos de competencia.
Teniendo en cuenta la tendencia de los partidos políticos, una vez que ocupan el Gobierno, a centrase en el cortoplacismo, huyendo de decisiones más valientes y comprometidas cuyos efectos se perciben más en el medio y el largo plazo, parece claro que para que en este país haya reformas de calado y con visión de futuro deberán mediar previamente pactos de Estado entre las dos grandes formaciones del arco parlamentario. En esta tarea, tanto Gobierno como oposición deberían mostrar una generosidad que hasta ahora no hemos tenido oportunidad de apreciar.
Fernando Eguidazu Presidente del Comité de Política Económica del Círculo de Empresarios