8. Hacia un gasto del 2% del PIB en I+D y más participación privada
El nuevo Ejecutivo tendrá que decidir qué hacer con la deducción por I+D+i, que expira a finales de 2011
Todas las formaciones políticas que se han presentado a estas elecciones han coincidido en un punto: España necesita avanzar en investigación y educación para ponerse al nivel de otros países desarrollados y lograr así mejoras de productividad que impulsen la competitividad de las empresas y de la economía.
Y el punto de partida no es sencillo. España es de los países desarrollados que menos invierte en I+D y de los que menos rendimiento le saca al dinero que gasta. Esa partida apenas llegó al 1,2% del PIB en 2006, todavía muy por detrás de la media de la Unión Europea, situado en el 2%, y de Estados Unidos, en el 3%. El objetivo marcado por el anterior Ejecutivo es alcanzar el 2% en 2010.
Por eso, el primer objetivo del Gobierno será continuar ampliando el presupuesto para estas partidas, tal y como se hizo en la última legislatura, en la que el gasto público se duplicó. Y todo ello orientado, no sólo a aumentar la inversión, sino a empezar a obtener réditos del dinero invertido a través de las patentes. En este apartado, España también está atrasada, ya que los investigadores y las empresas españolas solicitan una patente por cada 24 de Alemania, 8 de Francia o 4 de Italia. Gran parte de este atraso tiene su origen en que el sector privado tiene una representación muy baja en el número de investigadores frente al mayor peso de las instituciones públicas y universidades.
Por ese motivo, el segundo objetivo a corto plazo será mejorar la participación de las empresas en la financiación de la I+D para seguir progresando en los objetivos fijados por la Comisión Europea (que las empresas aporten el 66% de los fondos). Y para ello, el instrumento que se ha mostrado más interesante para que el sector privado investigue más es la deducción fiscal por actividades de I+D+i. Tras amenazar con eliminarla, el anterior Ejecutivo decidió mantener la deducción hasta 2012. Con este mecanismo, las empresas pueden optar entre la deducción en la cuota para sus inversiones en I+d+i o una bonificación del 40% en los cuotas de la Seguridad Social de los investigadores que contraten.
Pero para alcanzar estos objetivos, la primera reforma que hay que abordar es la mejora de los índices en materia de educación, que son los de los más bajos de los 57 países examinados en el último informe PISA. Por ahora, las propuestas han ido hacia ampliar la gratuidad de la educación infantil y crear plazas de guardería. Nadie se ha atrevido todavía a hablar sobre cambios en los contenidos o en las metodologías. Igual el nuevo Ejecutivo sí lo hace.
Las opiniones
CEOESe necesita impulsar la I+D+i. También es importante fomentar el conocimiento tecnológico y es fundamental mantener el actual sistema de deducciones fiscales (permite desgravarse parte de los gastos en I+D+i u optar por una bonificación en las cuotas de la seguridad social del investigador) más allá de 2011.Con el objetivo de incrementar el vínculo entre el mundo científico y empresarial, hay que incidir en los programas académicos que permiten la incorporación de científicos y doctores universitarios en las empresas.CC OOEl avance en investigación, desarrollo e innovación es un elemento imprescindible, junto con la educación, para configurar un nuevo modelo productivo que genere un mayor valor añadido. Para ello es necesario aumentar la dotación financiera destinada a estas partidas.No obstante, la insuficiente coordinación entre los organismos de la Administración Central con los de las comunidades autónomas es un límite que se debe superar si se pretenden mejoras sustanciales en este capítulo tan importante.UGTPara cambiar el modelo productivo es necesario potenciar las actividades industriales ligadas a la investigación, el desarrollo y la innovación y las nuevas tecnologías de la información. Este es el único camino que permitirá a nuestro país situarse a la altura de las economías más avanzadas.Hay que dotar de más fondos a las políticas de I+D+i y garantizar su traslado al tejido productivo, para minimizar las debilidades del sistema español de innovación y potenciar sus fortalezas, junto a una mayor coordinación del conjunto de instituciones involucradas.