La economía, en campaña
El cierre del ejercicio 2007 no augura un porvenir tranquilizador para la economía española y las promesas electorales no definen qué medios se van a poner para remediarlo, según el autor. En su opinión, si se quiere recuperar un crecimiento sostenible, se impone meditar cuidadosamente la política económica aplicable
Hace pocos días comenzó oficialmente la campaña electoral. Sin embargo, desde semanas antes los ciudadanos hemos sido abrumados por un diluvio de promesas que nos ofrecen sensibles mejoras en la situación de nuestros bolsillos. Ante ese maná la mayoría nos hemos quedado perplejos, preguntándonos cómo es posible que con una situación económica tan delicada como la que atravesamos puedan nuestros políticos, disfrazados de Reyes Magos, prometernos, previa entrega de nuestro voto, tantos regalos. Supongo, además, que la desconfianza se habrá acrecentado después de presenciar el debate entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro, en el cual sobraron cifras interesadas y faltó claridad expositiva para ofrecer al ciudadano un pronóstico realista sobre qué nos deparará la coyuntura económica al menos en los próximos dos años y qué pretenden las medidas ofrecidas por unos y por otros.
Para ello debería haberse comenzado por describir cuál es la situación hoy en día. Y lo cierto es que, a pesar de los intentos del Gobierno para enmascarar el evidente descenso del crecimiento económico -recuérdense las previsiones que apoyaban su proyecto de Presupuestos y las estimaciones recientes de los expertos y organismos internacionales-, el cierre del ejercicio 2007 no augura un porvenir muy tranquilizador. En efecto, el crecimiento interanual del último trimestre confirma la tendencia a la desaceleración iniciada -¡y esto es muy relevante!- en el segundo semestre de 2006. Se observa que el consumo privado baja por el efecto combinado de tipos de interés más elevados, menor aumento del empleo y pérdida de poder adquisitivo debida a las subidas de precios. Por otro lado, industria, construcción y servicios de mercado pierden fuerza, lo cual augura menos empleo y aumento del paro hasta una tasa cercana al 9% este año y por encima del 10% en 2009. A ello se añade la gravedad del endeudamiento exterior, que ya se mida en déficit por cuenta corriente o como necesidad de financiación superará este año el 10% del PIB. El menor crecimiento -y no debería consolarnos mucho que Francia, Alemania o Inglaterra avancen menos que nosotros- mermará inevitablemente los ingresos públicos, de tal forma que el recién anunciado superávit de las Administraciones públicas en 2007 se reducirá este año probablemente en un punto del PIB para arrojar números rojos en 2009, quebrándose en este último ejercicio la tendencia de la deuda pública viva a reducirse. En todo caso, el sector público estará en una situación más desahogada que las familias, cuyo endeudamiento bruto en el bienio 2007-2008 superará el 130% de su renta disponible en términos brutos.
Pues bien, hasta ahora lo que el ciudadano no encontrará en los programas de los partidos ni en las intervenciones de sus dirigentes es, no sólo una descripción medianamente objetiva de la situación sino, lo que es más grave, un solo atisbo de cómo se proponen remediar lo que se nos viene encima. Más bien lo contrario, a juzgar por la ridícula puja de populismo fiscal en que se han embarcado ni el Gobierno aclara cómo financiará los gastos derivados de las innumerables propuestas de mejorar las rentas de casi todos salvo que dilapide en poco más de una año el superávit presupuestario y comience a endeudarse ni la oposición nos explica cómo podrá reducir impuestos cuando los ingresos van a disminuir automáticamente debido a la evolución del ciclo económico o las disparatadas ideas relativas a cómo vencer la amenaza de estancamiento con inflación que podemos padecer. Y es que ni los unos ni los otros están dispuestos a reconocer que, sin restar méritos a nadie, la cómoda posición de las cuentas públicas en estos últimos años no refleja la realidad de una economía cuyo crecimiento ha sido claramente desequilibrado y que, por lo tanto, en cuanto cambie la coyuntura -y eso ha empezado a suceder- el saldo público favorable desaparecerá rápidamente.
Las temerarias promesas electorales harán muy difícil una actuación fiscal sensata durante los próximos dos años
Es posible que el débil crecimiento que probablemente atravesará nuestra economía requiera en algún momento una política fiscal discrecional que la sostenga, pero sea cual sea el color del próximo Gobierno me temo que sus temerarias promesas electorales hagan muy difícil una actuación fiscal sensata durante los próximos dos años, lo cual nos dejará a merced de la política monetaria que el BCE decida seguir en función de las necesidades de toda la eurozona y de la evolución del tipo de cambio del euro, asuntos ambos en lo que tenemos muy poco que decir.
Así las cosas, deberían pensarse muy cuidadosamente las iniciativas que se tomen. Por citar un ejemplo de lo que no conviene hacer: Pedro Solbes ha mencionado la posibilidad de que el Gobierno 'ayude' a alargar el plazo de las hipotecas sin coste para sus beneficiarios; pues bien estamos ante una medida bienintencionada pero completamente errónea ya que lo último que el sector inmobiliario necesita es que una subvención pública impida que los precios de la vivienda sigan bajando hasta encontrar un nivel más realista que el actual. Obstaculizar ese proceso con medidas como la mencionada supone escoger una política equivocada.
Por lo tanto, si se quiere recuperar un crecimiento sostenible en un entorno de precios contenidos se impone meditar cuidadosamente la política económica aplicable y tener muy presentes los aspectos estructurales de nuestra economía a fin de no incurrir en riesgos que no podemos ahora cuantificar con precisión pero cuyo coste en el futuro se traduzca en mantener más tiempo del deseado la temible combinación de crecimiento débil e inflación alta que nos aguarda en los próximos trimestres.
Raimundo Ortega Economista