Bruselas acusa recibo de la queja de Iberdrola contra EDF
La Comisión Europea ha confirmado la recepción de una queja de Iberdrola contra el Estado francés por su control accionarial de æpermil;lectricite de France. Fuentes comunitarias aseguran que "estudiarán en detalle las alegaciones", aunque auguran un plazo de varios meses para pronunciarse.
La queja alude al derecho de veto que el Estado francés se ha reservado en la compañía. El Tribunal de Justicia europeo ya ha condenado a varios países, entre ellos, Francia, por arrogarse ilegalmente un control político sobre empresas privatizadas.
El Estado francés controla el 84,9% del capital de EDF y ostenta el derecho, con independencia de su participación, a nombrar por decreto a ocho de los 18 miembros del consejo de la compañía, incluidos el presidente y el consejero delegado.
La CE deberá dilucidar si esas medidas, como alega Iberdrola, tienen un efecto disuasorio en potenciales inversores y, por tanto, violan la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento consagrados en el Tratado de la Unión Europea.
Si Bruselas confirma esa ilegalidad, podría requerir al Gobierno francés que renuncie a sus privilegios en el monopolio energético galo. Si París no acatara la orden, la CE podría presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia europeo. Ese es el procedimiento que el departamento de Mercado Interior siguió contra la llamada Ley Rato o anti-Edf, por la que España somete a autorización las inversiones de empresas con capital público en el mercado energético español. Los jueces comunitarios han dictaminado este mismo mes la ilegalidad de esa norma.
Acción de oro
En su denuncia, la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán recuerda que la legislación francesa establece una ¢peculiar acción de oro estatal¢ sobre EDF, mediante la cual la empresa queda blindada ante el interés de otros grupos por entrar en su capital.
Para Iberdrola, la normativa contraviene los dos pilares básicos del Mercado Unico en la Unión Europea, esto es, la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento, recogidos en los artículos 56 y 43 del Tratado de la UE.