La sanidad exige un Pacto de Estado

Faltan médicos y la equidad no está totalmente garantizada. Los partidos proponen un pacto para poner a salvo el futuro financiero del sistema.

Después de cuatro años de Gobierno, ningún alto cargo del Ministerio de Sanidad se atreve a poner nota a los servicios sanitarios que ofrecen las comunidades autónomas. Es un riesgo y los gestores del PSOE no parecen dispuestos a correrlo, como tampoco lo harán los consejeros autonómicos, los representantes sindicales y los expertos en políticas de salud. La razón es sencilla: tras dos décadas de descentralización sanitaria (Cataluña fue la primera región que asumió esta transferencia) no hay un solo indicador (ni tan siquiera la polémica lista de espera quirúrgica) que permita a los gestores de la salud comparar de manera objetiva la atención que ofrecen. Todo son intuiciones y percepciones subjetivas en un sistema que gasta anualmente el 6% del PIB, más de 56.000 millones de euros y registra crecimientos que rondan el 10%. Los usuarios carecen de información contrastada sobre quiénes son los mejores especialistas y dónde se ofrecen los más avanzados tratamientos.

Por eso, uno de los más esperanzadores (aunque todavía tibios) logros de la acción de Gobierno en esta legislatura que ahora concluye, ha sido, en palabras del secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, la aprobación en marzo de 2007, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, del primer conjunto de indicadores clave (110 referencias) del SNS y el compromiso de las comunidades autónomas de remitir los datos al Ministerio.

'Habrá que esperar uno o dos años para comprobar si se trata de un acuerdo de salón o, por el contrario, los gobiernos regionales han asumido la obligación de rendir cuentas de su gestión sanitaria ante los ciudadanos', afirma Albert Jovell, presidente del Foro Español de Pacientes.

Cohesión y financiación centrarán el debate sanitario durante la próxima legislatura

Para los socialistas, este proyecto es uno de los acuerdos más importantes de cuantos se han alcanzado por unanimidad en el Consejo Interterritorial de Salud, órgano de coordinación y planificación que durante toda la legislatura ha sido escenario de rencillas ideológicas entre PSOE y PP.

'Se ha producido una politización muy desgraciada del Consejo Interterritorial', asegura Jordi Xuclá, portavoz de CiU en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. 'A la clase política nos ha faltado coraje para pergeñar un Pacto de Estado. æpermil;sta debe ser una de las prioridades de la próxima legislatura', concluye. A juicio de CiU este pacto debería, entre otras cosas, delimitar de una vez por todas las competencias sanitarias del Estado y las comunidades autónomas y marcar las líneas de colaboración del sector público y la industria farmacéutica y biomédica en materia de investigación. 'Tanto la aprobación de la Ley del Medicamento como la más reciente aprobación de la Ley de Investigación Biomédica han sido oportunidades perdidas', se queja Xuclá.

Cohesión

Ambas normas son compromisos programáticos cumplidos. El PSOE desembarcó en el Ministerio de Sanidad en el año 2004 con el propósito de atajar el gasto farmacéutico, dar un impulso a la investigación biomédica y poner en marcha la Ley de Cohesión y Calidad que aprobó el PP.

José Martínez Olmos se siente satisfecho con el trabajo realizado hasta la fecha. 'El gasto farmacéutico ha pasado de crecer en términos interanuales un 11% en abril de 2004 a subir tan sólo el 5,22% en 2007 (11.191 millones de euros) y el presupuesto para las políticas de cohesión asciende ya a 99 millones de euros'. El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, el también socialista Roberto Sabrido, no es tan optimista: 'El Gobierno debería gastarse al menos 150 millones de euros anuales en fomentar la cohesión'. A su juicio, esta es una de las asignaturas pendientes de la sanidad española y una de las tareas urgentes que debe abordar el Gobierno que salga de las urnas el próximo 9 de marzo. 'También es necesario coordinar las políticas de recursos humanos, sellar el reconocimiento mutuo de las carreras profesionales y replantearse los objetivos y formas de hacer de la atención primaria. Reinventarla', concluye.

En la actualidad, las diferencias salariales entre territorios alcanzan, en algunos casos, el 30%, como denuncia el estudio realizado por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. 'Este estudio revela que el SNS se ha convertido en reinos de Taifas en lo que a políticas de personal se refiere. Se está dificultando la libre movilidad por el sistema, hasta tal punto es así, que a un doctor puede resultarle más fácil trasladarse a un país europeo que hacerlo en su propio país', advierte Carlos Amaya, secretario general de CESM.

Para el Partido Popular, la gestión ministerial de los últimos cuatro años ha dejado al descubierto la incapacidad de los socialistas para resolver el gran problema de la sanidad española, su financiación.

Financiación

En el último pleno del Consejo Interterritorial de Salud, convocado a principios de diciembre por Bernat Soria, los representantes autonómicos del PP se levantaron de sus asientos argumentando que el ministro tenía la obligación, según una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, y recurrida por la Abogacía del Estado, de convocar un consejo extraordinario y monográfico sobre el asunto.

Para los populares el debate es inaplazable, debido al aumento de la inmigración. 'Un cálculo ajustado de nuestra población nos permitiría en 2008 contar con 600 millones más', asegura Juan José Güemes, consejero de Madrid.

Martínez Olmos, escéptico ante la posibilidad de alcanzar un Pacto de Estado, reconoce que el Gobierno que salga de las urnas 'tendrá que abordar el problema de la cohesión y su encaje en el nuevo sistema de financiación autonómica', pero insiste en que la Conferencia de Presidentes celebrada en 2005 ha inyectado al SNS 'la nada desdeñable cantidad de 9.000 millones'. Los populares advierten de que se trata tan sólo de un anticipo a cuenta.

En cualquier caso, las comunidades han recibido, además, 305,7 millones con cargo al fondo de cohesión, 125,1 millones bajo el epígrafe estrategias de salud, 101,1 millones para formar a los médicos en el uso racional del medicamento, 434,5 con cargo a distintos convenios y 123,5 millones para el programa red.es. 'Migajas, como los 20 euros por habitante y año que nos han dado para atender la salud bucodental de los niños', insiste Güemes.

'El Ministerio ha renunciado al liderazgo de la sanidad durante esta legislatura'. Esta frase pronunciada hace pocos días por Montserrat Muñoz de Diego, ex alcaldesa de la madrileña localidad de San Fernando, en la escuela de negocios Esade no es una crítica exclusiva de Izquierda Unida, el partido de Muñoz. Son muchos, desde distintas instancias sanitarias, los que piensan que el impulso decidido y cierto de las políticas de prevención y salud pública, especialmente durante el mandato de Elena Salgado, que se jugó su crédito político con la mal llamada Ley del Vino, y lo perdió, en el fondo no ha sido otra cosa que un intento de enmascarar la realidad: la falta de competencias. 'Y de una Ley de Cohesión y Calidad que no obliga a nada', apostilla Carlos Amaya, secretario general de CESM.

La adicción al tabaco y la obesidad han sido preocupación prioritaria de un departamento que ha puesto en marcha diversas estrategias para prevenir y frenar el avance de enfermedades como el cáncer, la cardiopatía isquémica, la salud mental y la diabetes. 'Aún cuando no podamos evaluar todavía los resultados', advierte Albert Jovell.

No es de extrañar, pues, que en medio de la contienda electoral surjan voces que reclamen la desaparición del Ministerio de Sanidad. Y quienes, como el Partido Popular, aboguen por un departamento de la Familia y los Asuntos Sociales, desde el cual se gestionarían las políticas de salud. O Ezquerra Republicana, cuyos dirigentes aseguran que sería suficiente una coordinación del Consejo Interterritorial de Salud.

Y los socialistas se preguntan 'si ese Consejo Interterritorial podría liderar uno de los problemas claves de los próximos años, la falta de médicos (alrededor de 6.000) y la necesidad de ordenar esta demanda en todas las regiones'.

El 'modelo Aguirre'

El modelo de gestión elegido por Esperanza Aguirre para poner en marcha ocho nuevos hospitales en Madrid -uno de ellos enteramente privado y siete bajo la llamada fórmula PFI, por el que una empresa privada construye, mantiene y gestiona el centro y la Consejería de Sanidad aporta el personal médico y la enfermería y paga un alquiler por el uso- ha hecho saltar la señal de alarma en el Ministerio, que teme por la cohesión, aun cuando Castilla-La Mancha haya elegido también PFI para abrir el Hospital de Toledo.El sistema retributivo de los facultativos será, para todos aquellos que lo deseen, similar al de los profesionales de la empresa privada, con una parte del sueldo fija y otra variable, y estará vinculado a la consecución de objetivos de calidad y eficacia. Además, los pacientes podrán elegir en todo momento si son atendidos en los nuevos hospitales o en aquellos a los que pertenecían con anterioridad. El consejero de Sanidad, Juan José Güemes, califica la medida de 'tímido avance en la libre elección de médico', pero la oposición se pregunta si no se trata de una argucia para regular la demanda de estos centros mientras se ponen en marcha definitivamente.Su actividad a pleno rendimiento requerirá 5.300 facultativos, el doble de los que actualmente se han sumado al proyecto Aguirre. En los mentideros se habla ya con preocupación de las opas de Güemes, en alusión a las ofertas salariales que el consejero está haciendo a los médicos de otras comunidades.

Programas de los partidos

PSOE. Diagnóstico 'en acto único'El PSOE pretende seguir consolidando el Sistema Nacional de Salud como un sistema de naturaleza pública, universal, equitativo, transparente en su oferta y resultados y con la mayor calidad técnica para toda la ciudadanía de España.Entre otras cosas, propone mejorar la cohesión y la equidad territorial incrementando la dotación económica del actual Plan de Calidad, quitar lastre a la burocracia de primaria y modernizar este escalón de acceso al sistema. Los socialistas también están decididos a promover un gran acuerdo sobre vacunas para asegurar que la incorporación de nuevas indicaciones se hace en condiciones de igualdad. Fijará tiempos máximos de espera para las operaciones de vesícula, prótesis de cadera y rodilla y hernia inguinal y promoverán la implantación en la atención especializada del diagnóstico en acto único. Habrá un plan de retorno de los profesionales.PP. Dentista gratis para todosEl PP está dispuesto, si vuelve al Gobierno, a incluir entre las prestaciones que ofrece la sanidad pública (en el plazo de ocho años) la atención bucodental. Asegura que la demora media para someterse a una operación quirúrgica no superará los 30 días. También ofrece a los fumadores tratamientos para que dejen el tabaco, extender las mamografías hasta los 70 años o mejorar los servicios de emergencia para que el tiempo medio de llegada de una ambulancia a un accidente de tráfico no exceda de doce minutos.También se compromete a potenciar la libre elección de profesional y centro, a hacer que el derecho a recibir tratamiento contra la infertilidad sea real, sin que la espera obligue a las parejas a acudir a la sanidad privada, a unificar los programas de vacunación y a colocar desfibriladores en las farmacias para atender más rápido a quienes sufran un infarto.