Las aerolíneas rechazan pagar la seguridad aeroportuaria
Las aerolíneas que operan en España aplauden la creación de la Agencia de Seguridad Aérea, pero se quejan de que nadie les ha explicado cómo se financiará. Temen que siga el modelo AENA y que se les obligue a pagar su propia seguridad.
El centenar aproximado de aerolíneas nacionales y extranjeras que operan en los aeropuertos españoles tienen el corazón partido desde hace dos semanas.
Recibieron con alegría la aprobación por el Consejo de Ministros del 8 de febrero de la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Había sido una reivindicación histórica del sector que reclamaba desde hace años 'una modernización en las estructuras de la aviación civil española'.
Sin embargo, la forma como han conocido la noticia de la aprobación y alguno de los puntos desvelados sobre la manera como se va a constituir el nuevo organismo, y en especial las dudas sobre su financiación, han provocado una profunda inquietud entre las compañías. El sector teme que los costes de la Agencia y, en suma, de la seguridad aeroportuaria, recaigan en la cuenta de resultados de las aerolíneas, vía tasas.
La dirección general de Aviación Civil, en una reunión mantenida en marzo de 2007 con las tres patronales del sector, ALA (Asociación de Líneas Aéreas), AECA (Asociación Española de Compañías Aéreas) y Aceta (Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo), se comprometió a consensuar con ellas la definición del proyecto para la creación de la Agencia. Ha pasado el tiempo y la consulta nunca se produjo.
De manera oficial las distintas patronales prefieren mantener una posición discreta ya que afirman 'no se puede cortar ha hierba bajo los pies de un nuevo organismo cuyo nacimiento va resultar muy positivo. Esperamos que en muy poco tiempo se nos informe de todos los detalles sobre su funcionamiento'.
De forma extraoficial, el desencanto es palpable. En primer término se considera muy negativo que en la definición del consejo rector que dirigirá la Agencia se ha contemplado la presencia de los sindicatos que representan a los trabajadores que sean asignados al nuevo organismo, pero no se dice nada de la participación de las aerolíneas ni de sus patronales.
El aspecto más controvertido de la definición del nuevo organismo es la ausencia de una memoria económica que permita hacerse una idea de cuales serán las vías de financiación. En el documento de aprobación de la Agencia por el Consejo de Ministros se deja claro que no va a mantenerse con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.
En contactos informales entre los miembros de alguna de las patronales con Aviación Civil, se ha asegurado que el Ministerio de Fomento firmará un convenio con la Agencia para financiarla en parte ya que asumirá algunas competencias que ahora tiene el departamento que preside Magdalena Álvarez.
Sin embargo, las aerolíneas entienden que el nuevo organismo va a asumir la responsabilidad de la seguridad aeroportuaria. Dada la incógnita sobre la procedencia de su financiación, temen que finalmente los costes de la protección de los aeropuertos y la operación aérea serán sufragados en su parte fundamental por las tasas que pagan las aerolíneas.
El sector de la aviación considera que el hecho de tener que costearse su propia seguridad supone una grave discriminación en relación, por ejemplo, con las líneas del AVE que se han ido inaugurando. 'La vigilancia de las vías por la Guardia Civil no la paga Renfe, sino todos los españoles con sus impuestos' afirman.
Como se recordará el pasado 8 de febrero el Gobierno aprobó que la actual Dirección General de Aviación Civil se dividiera en dos organismos. Uno, la dirección general y otro la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que entrará en funcionamiento en junio. La dirección general propondrá 'medidas para promover el desarrollo del sector y negociará los convenios bilaterales'.
La Agencia asumirá las competencias inspectoras y sancionadoras en materia de seguridad aérea y de protección de los derechos de los pasajeros.
Barajas aprueba la auditoría de la UE
Las autoridades de transporte de la Unión Europea han comunicado a la dirección general de la Aviación Civil española que el aeropuerto de Madrid-Barajas ha aprobado la auditoría que durante el pasado mes de diciembre realizaron técnicos de Bruselas con la supervisión de la Autoridad del Transporte de Estados Unidos. Con ello confirma la autorización para recibir y remitir vuelos tanto a otros aeropuertos europeos como de EE UU En la auditoría se analizaron 1.800 puntos, entre equipamientos, procedimientos y comportamientos del personal. En un primer informe se detectaron deficiencias que fueron posteriormente corregidas. En una segunda oleada de revisiones se comprobó que el funcionamiento de las dos áreas terminales del aeropuerto así como el sector de vuelo funcionaban a la perfección. Al parecer la UE se ha puesto en contacto con alguna aerolínea española para advertirle que existen algunos procedimientos de su operación en Barajas que no cumplen con los estándares de seguridad que exige Bruselas como Washington para poder volar entre sus aeropuertos.