Informe de competencia o el enemigo exterior
El informe sobre el mercado de servicios de formalización evacuado por el Servicio de Defensa de la Competencia a instancias de la comisaria Neelie Kroes se ha introducido en el debate con una gran carga intranquilizadora, quizá exagerada, y ha movido a algunos comentaristas a tomar partido por uno u otro bando como si de una liga de fútbol se tratara. Como agente involucrado en el sistema latino de seguridad jurídica preventiva, el cual considero más fiable y barato que el modelo anglosajón que nos quieren imponer, me gustaría añadir algunas consideraciones sobre el documento y los sistemas de formalización a las que ya realicé en estas mismas páginas.
Resulta curioso, y casi ilustrativo, que el informe coincidiera temporalmente con dos noticias producidas en Francia; país que sigue en el corazón de Europa porque de él nos vienen las modas y los modos. Las noticias tienen, en mi opinión, bastante que ver con todo este asunto de la competencia, las funciones de cada uno y las inquietudes de algunos profesionales.
Una fue la detención de Jérôme Kerviel, operador financiero de Société Générale, por la evaporación de 4.900 millones de euros. La otra, el movimiento táctico notarial francés por asumir nuevas funciones en derecho civil familiar, como la autorización de divorcios.
El 18 de enero publicó Le Figaro un artículo en contra de tal pretensión, firmado por Paul-Albert Iweins, presidente del Consejo Nacional de los Colegios de Abogados, donde afirmaba: 'Es ilusorio pretender que un solo profesional pueda asesorar a la vez a las dos partes con intereses contrapuestos, redactar la decisión, darle fuerza ejecutoria, sin más control que el suyo propio' y vaticinaba que 'el siglo XXI será el del control independiente de todas las actividades humanas.'
Desconozco si Jérôme Kerviel es el villano que nos pintan, o si es un cabeza de turco buscado a toda prisa. Lo que sí es obvio es que un control independiente de su actividad hubiera impedido el agujero que ha acabado engullendo los ahorros de los accionistas de Société Générale. Igual por esa evidencia es por lo que el control independiente de las transacciones inmobiliarias no está cuestionado en Europa, ni por la sra. Kroes, ni por nadie. Y si se hace en España, quizá habría que preguntarse qué intereses hay detrás.
Europa nos desconcierta y nos descoloca. En un artículo reciente de quien parece que poco debe temer de las libertades comunitarias, se contenía un juicio valorativo, casi un lapsus, aunque muy elocuente, cuando consideraba 'enemiga' a la comisaria Kroes. ¿Enemiga de quién? No creo que lo sea de nadie en concreto. Lo que ocurre es que ha puesto la lupa sobre un universo donde hay muchos intereses económicos, que afectan no sólo al Notariado Latino (cuya eficacia y necesidad siempre defenderé), en una época de contracción del negocio inmobiliario. Por ejemplo, en la página 37, punto 92, podemos leer: '(en España) la gestión final de los títulos notariales, impuestos y registro, suele hacerse por gestores administrativos afiliados a bancos hipotecarios que insisten, ilegalmente, en que se usen sus propios gestores'
¿Mala información la que usa la sra. Kroes? No lo parece. ¿Odia la sra. Kroes a las gestorías o a los bancos que conceden hipotecas? No tiene razón para ello, lo que critica, y esa es su labor, es que se consienta un mercado cautivo. ¿Es enemiga de los notarios españoles o franceses? No lo creo.
Pero el nerviosismo en el sector es más que evidente y la clave quizá la encontremos en los movimientos de los distintos operadores jurídicos europeos para trabajar en otros países de la Unión. A esos efectos, resulta sumamente ilustrativa la carta denuncia que 48 notarios ingleses remitieron recientemente al Parlamento y la Comisión de la Unión Europea por la negativa del Ministerio de Justicia a la inscripción en los registros españoles de documentos notariales extranjeros (http://www.notaries.org.uk/europe-info/europe-info.html).
Restrictiva decisión la del ministerio, cierto, pero bastante importante teniendo en cuenta el volumen de la inversión inmobiliaria extranjera en España. Tal resolución fue declarada ilegal por varios juzgados españoles. Parece que lo lógico es que el Tribunal Supremo se pronuncie ahora al respecto, a no ser que lo haga antes la propia Comisión o que la Abogacía del Estado renuncie al recurso de casación para evitarse un previsible fallo adverso.
Igual resulta que al final es dentro de casa donde tenemos quien nos haga buena a la 'enemiga' exterior.
José Antonio Miquel Silvestre. Registrador de la Propiedad