Trabajo no contabiliza a 19.200 parados que necesitan formarse
El Ministerio de Trabajo ha creado una nueva clasificación de desempleados, que ha excluido a 19.200 personas del registro oficial de parados. En este nuevo colectivo se encuadran aquellos parados que, según la evaluación de los funcionarios de los servicios de empleo autonómicos, necesitan formarse o reciclarse antes de ocupar un empleo.
Una nueva polémica ha saltado a la precampaña electoral. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han denunciado que el Ministerio de Trabajo ha creado una nueva clasificación en el registro de desempleados no ocupados que, según aseguran, servirá para 'adelgazar' las cifras de parados registrados que se facilitan mensualmente y que en enero registraron la mayor subida de los últimos once años.
Hasta ahora y desde 1998, los demandantes de empleo no ocupados (Denos) estaban divididos en parados registrados (que en enero sumaban 2,2 millones) y otros no ocupados (que ascienden a 214.053).
En este último colectivo se incluían los demandantes de empleo coyuntural, como estudiantes o jubilados; los que solicitan empleos con jornadas inferiores a 20 horas semanales y los trabajadores eventuales agrarios. El resto, eran considerados por los funcionarios de los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas -que son los encargados de evaluar al parado que llega a sus oficinas- como parados registrados comunes.
Sin embargo, según la versión del Ministerio de Trabajo, desde febrero de 2006, distintas comunidades autónomas plantearon la necesidad de crear un subgrupo, dentro del colectivo de otros no ocupados, en el que se encuadrarían aquellos desempleados que, a juicio del funcionario autonómico encargado de evaluarles, necesitaran una formación previa antes de acceder a un empleo. Bien porque carecieran de cualquier formación o porque necesitaran reciclarse para un empleo diferente al que habían desempeñado hasta entonces.
Siempre según Trabajo, fue en junio de 2007 cuando 'por unanimidad de todas las comunidades autónomas' se estableció el nuevo subgrupo de clasificación que se denomina: demandantes que precisan servicios previos al empleo. Poco después, desde el 1 de julio, 'todas las comunidades autónomas sin excepción han hecho uso de esta clasificación', que desde ese día no se incluye ya en el colectivo de paro registrado, explican en Trabajo. El número de trabajadores que ya está incluido en el nuevo subgrupo asciende a 19.203.
Versión antagónica
Las comunidades populares niegan la versión de Trabajo y aseguran que fue en la reunión sectorial del 21 de enero pasado cuándo se les comunicó que la creación del nuevo subgrupo de clasificación de los parados y que éste comenzaría a utilizarse desde el 1 de febrero.
Esto fue interpretado inmediatamente por estas comunidades como un intento del Gobierno de encuadrar en esta nueva clasificación todos los nuevos parados de la construcción e inmigrantes de febrero para que no figuren en el registro de paro registrado.
Fuentes de Trabajo y de la Comunidad de Madrid se acusaron el viernes mutuamente de 'mentir' al explicar lo ocurrido.
Patronal y sindicatos no han sido informados
Los representantes de la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT mostraron el viernes su indignación al denunciar que el Ministerio de Trabajo no les ha informado en ningún momento de este cambio metodológico en la clasificación de los parados. Fuentes de estas tres organizaciones aseguraron que 'pedirán explicaciones' a Trabajo sobre esta situación , ya que mensualmente se reúnen con los responsables del Servicio de Empleo Público Estatal (antiguo Inem) y en su último encuentro, el pasado 30 de enero, no mencionaron nada relacionado con este asunto.Los sindicatos CC OO y UGT se mostraron divididos al evaluar la medida. Para Comisiones Obreras es 'muy grave' que se permita a cada comunidad aplicar criterios distintos para evaluar esta nueva categoría de parados. Mientras, fuentes de UGT calificaron el cambio como 'técnico' y lo encontraron 'razonable'.
Un cambio que conlleva cierta arbitrariedad
Independientemente de la polémica sobre cuándo ha empezado a aplicarse la nueva clasificación de demandantes de empleo, lo cierto es que el cambio metodológico en las estadísticas introduce cierta arbitrariedad en el sistema.Dicha arbitrariedad viene dada por el hecho de que sean los funcionarios autonómicos, sin ningún criterio homologado para todas las regiones, los que evalúen si los solicitantes de empleo engrosan o no las listas del paro registrado.Hasta ahora los criterios que usaban los funcionarios autonómicos para clasificar al demandante de empleo eran claros e idénticos en todas las regiones. Todos eran parados registrados, salvo que cumplieran uno de los tres requisitos para ser considerados 'otros demandantes'. Pero la evaluación del nuevo requisito sobre la necesidad de formación del parado es, sin duda, un criterio claramente personal y subjetivo.