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Columna
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Cena con 'caldito'

Cuando se escriben estas líneas en las cocinas de la Nunciatura Apostólica de la madrileña avenida de Pío XII todo son excitaciones. Se preparaba ese caldito derivado en cena, que se venía anunciando y que anoche iba a ser ofrecido por el titular de la legación diplomática pontificia, monseñor Monteiro, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Se ve que prevalece la costumbre del ágape, que viene arrastrada de la época del paganismo, y prima la resistencia a celebrar estos encuentros con ayunos, mucho más propios del tiempo de cuaresma en que nos encontramos. En todo caso, una parte del público hubiera preferido que se prescindiera de los manteles para tener un despacho formal con orden del día previamente acordado sobre los asuntos pendientes entre dos poderes soberanos: el Estado y la Iglesia de Roma.

Al final se ha optado por la fórmula de cena de trabajo, que tanto esfuerzo requiere de los comensales. Con exactitud lo reflejaba Manolito Vidal al transcribir la exclamación de un ejecutivo agotado: '¡Cuántas mariscadas hay que comer por ahí fuera para llevar un plato de sopa caliente a casa!'.

Marcar la casilla de la Iglesia en Alemania es oneroso, mientras que en España marcar la casilla no supone gravamen alguno, es gratis

Para centrar la cuestión vayamos a la doctrina Sebastián, establecida en una columna del suplemento Mercado que tituló La Iglesia, fuera de su casilla. Para nuestro autor la Iglesia debe situarse entre las empresas de los sectores regulados que además viven del presupuesto oficial porque tienen como principal cliente a las Administraciones públicas que demandan bajo contrato sus servicios.

Sebastián señala cómo esas empresas tienden a llevarse bien con sus respectivos Gobiernos, de cualquier sector político que sean. Dice que la Iglesia católica en España reúne esas dos condiciones. Está dentro de un sector regulado porque el criterio de financiación, a tenor de los acuerdos vigentes entre la Iglesia y el Estado, corresponde al Gobierno de la nación y además el sector público es un demandante de los servicios provistos por la Iglesia en el campo de la asistencia social y la educación. Sorprende a Sebastián que pese a ese fuerte y doble vínculo económico, que en los demás casos induce a las buenas relaciones, la legislatura que ahora se extingue haya registrado tan fuertes tensiones entre ambas potestades civil y religiosa.

Las fuentes públicas de financiación de la Iglesia alcanzan los 5.000 millones de euros anuales. Proceden en una parte sustantiva de las subvenciones a los colegios concertados donde la Iglesia decide libremente sobre la contratación del profesorado y la admisión de alumnos, aunque se obliga a regirse por el principio de igualdad de oportunidades. Una obligación en buena parte incumplida, como se prueba por la menor integración de escolares inmigrantes o con dificultades, que acaban revirtiendo casi en exclusiva sobre los centros públicos.

Otro renglón básico procede de lo que se recauda vía IRPF, donde hasta ahora existía la opción de marcar una casilla con el resultado de destinar a la Iglesia católica el 0,52% de la cuota líquida a ingresar por el contribuyente. El Gobierno Zapatero se ha creído en la obligación de defender este sistema acudiendo al Derecho comparado. Pero la situación es muy distinta porque, por ejemplo, en Alemania a quienes marcan la casilla se les hace un recargo en la cuota a ingresar, que es el que se destina a la Iglesia. Es decir, que marcar la casilla en Alemania es oneroso mientras que aquí en España marcar la casilla no supone gravamen alguno, es gratis.

Las gráficas de apoyo permiten seguir el curso numéricamente decreciente de quienes marcan la casilla, que se acercaban al 45% de los declarantes al comienzo de los años noventa y que se ha situado apenas por encima del 20% a partir del año 2001 y siguientes. Ningún efecto se hacía notar porque el Estado ha entregado una compensación hasta igualar las previsiones y luego en los Presupuestos del año siguiente se ha consolidado la diferencia cifrada entre los 25 y los 35 millones de euros anuales. Lo cual a lo largo de 20 años ha supuesto más de 600 millones, que ahora se decide no reclamar a nuestros deudores.

Por si semejante entrega no bastara, a partir del Gobierno ZP el coeficiente que se deducirá para la Iglesia de la cuota de los contribuyentes que marquen la casilla se elevará hasta el 0,7%. ¿Quién paga la cena?

Miguel Ángel Aguilar Periodista

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